La legisladora también urgió al Senado a suspender durante dos años la habilitación de nuevas carreras e instituciones educativas, con el objetivo de frenar lo que calificó como un negocio lucrativo vinculado a las irregularidades en la formación académica.

Entre las medidas propuestas, Martínez anunció una serie de reformas que incluyen modificaciones a la ley del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la creación de un Registro Único de Estudiantes y Docentes y la revisión de las bonificaciones salariales vinculadas a títulos académicos.

Asimismo, planteó la puesta en marcha de un portal oficial de verificación que permita comprobar la validez de los títulos y fortalecer los controles. Las iniciativas buscan combatir el fraude académico, mejorar la transparencia y garantizar que las credenciales profesionales presentadas ante las instituciones públicas cuenten con respaldo legal.