La lista continúa con Rosa Colmán, abogada del Departamento de Dictámenes y Contratos; Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de Abastecimiento y Logística; Marcelo Rubén Bordón Leiva, exdirector de UOC y Verónica Blanco Bogado, exdirectora de Mantenimiento.

El Ministerio Público imputó a nueve exautoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) por su presunta participación en un esquema de modificaciones irregulares del contrato para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones al ente previsional.

La imputación fue presentada por el agente fiscal de la Unidad Penal N.º 3 de la Sede 1 de Asunción, Julio César Ortiz González, mediante el Acta de Imputación Nº 18/2026, en la causa caratulada «Hugo Enrique Aranda y otros s/ Lesión de Confianza».

Además de la imputación por el presunto hecho punible de lesión de confianza, previsto en el artículo 192, incisos 1 y 2, del Código Penal, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los nueve procesados, el embargo preventivo de sus bienes hasta cubrir el monto del supuesto perjuicio y la inhibición general para vender o gravar bienes.

La causa tiene su origen en la Licitación Pública Nacional SBE N.º 143/2019, convocada para el reacondicionamiento, suministro e instalación de quirófanos modulares para el Bloque Quirúrgico Central del Hospital Central del IPS.

El contrato fue adjudicado a la firma Neighpart S.A. por un monto inicial de G. 53.000 millones.

Sin embargo, según la investigación fiscal, durante la ejecución contractual se suscribieron sucesivas adendas —principalmente las identificadas como números 3, 4, 5, 6 y 7— que habrían alterado de manera irregular las condiciones originalmente pactadas.

De acuerdo con la imputación, mediante esas modificaciones se ampliaron plazos de ejecución, se cambiaron especificaciones técnicas y se modificaron las condiciones de pago sin que existiera sustento legal suficiente.

Pagos sin ejecución de las obras

La Fiscalía sostiene que, pese a que el área donde debían ejecutarse los trabajos aún no había sido liberada por el propio IPS, las autoridades autorizaron importantes desembolsos a favor de la empresa contratista.
Entre ellos menciona un anticipo equivalente al 10 % del contrato, por G. 5.300 millones, autorizado mediante la Adenda N.º 3, además de otro pago por G. 4.948.920.000 y posteriores desembolsos efectuados durante la vigencia del contrato.

El Ministerio Público afirma que, al momento de formular la imputación, ni los quirófanos modulares ni las placas fotovoltaicas incorporadas posteriormente mediante la Adenda N.º 4 —por un valor de G. 8.184 millones— habían sido instalados en el Hospital Central ni en otra dependencia del IPS.

Habrían ignorado advertencias técnicas

Otro de los ejes de la imputación señala que las exautoridades imputadas habrían continuado aprobando modificaciones contractuales pese a las observaciones formuladas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y por la Auditoría Interna del IPS.

En particular, la Auditoría N.º 12/2024 habría concluido que las modificaciones introducidas mediante las adendas presentaban irregularidades y un manejo desordenado del contrato, observaciones que, según la Fiscalía, no fueron atendidas por los responsables administrativos.

Los nueve imputados

La imputación alcanza a exautoridades que desempeñaron funciones durante dos administraciones del IPS.
Se trata de los expresidentes de la previsional, Vicente Mario Bataglia Araujo y Jorge Magno Brítez Acosta; el exgerente de Logística y Abastecimiento, Hugo Enrique Aranda; exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Juan Manuel Villar López y exdirector de Mantenimiento y administrador del contrato José Raúl Coronel Acosta.

Entre los imputados también figuran Rosa Colman, exabogada del Departamento de Dictámenes y Contratos de la Dirección Jurídica; Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de Abastecimiento y Logística; Marcelo Rubén Bordón Leiva, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones y Verónica Alexandra Blanco Bogado, exdirectora de Mantenimiento.

De acuerdo con la imputación, los funcionarios y exfuncionarios habrían intervenido, en distintos grados de participación, en la elaboración, aprobación y suscripción de las adendas cuestionadas, así como en la emisión de dictámenes jurídicos y administrativos que permitieron la continuidad de las modificaciones contractuales.

Fiscalía pide prisión y embargo de bienes

Como medidas cautelares, el fiscal Julio César Ortiz González solicitó la prisión preventiva de los nueve imputados al considerar que existe peligro de fuga y riesgo de obstrucción de la investigación.

El requerimiento sostiene que la elevada expectativa de pena —que podría alcanzar hasta diez años de prisión en caso de condena por la figura agravada de lesión de confianza—, sumada a la capacidad económica de los procesados y a la posibilidad de influir sobre eventuales testigos o funcionarios, justifican la aplicación de la medida.

Asimismo, requirió el embargo preventivo de bienes suficientes para cubrir el supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, además de la inhibición general para vender o gravar bienes.

La Fiscalía pidió un plazo de seis meses para el desarrollo de la etapa preparatoria, periodo durante el cual prevé reunir los elementos necesarios para presentar una acusación formal o adoptar otro requerimiento conclusivo.

Igualmente, requirió la comparecencia de los nueve imputados para prestar declaración indagatoria entre el 4 y el 5 de agosto de 2026.

El Observador