En sus alegatos iniciales, la fiscal María José Pérez sostuvo que el caso se originó tras una denuncia presentada en 2015 debido a que las escuelas beneficiarias del Fonacide, dejaron de recibir merienda y almuerzo escolar.

A través de las pericias, se pudo observar irregularidades en la construcción de aulas y la provisión de merienda escolar, en las escuelas San Miguel y Oñondivepa de San Antonio.

A consecuencia de la falta de rendición de cuentas respecto al uso de recursos del Fonacide, el Ministerio de Hacienda resolvió suspender la transferencia, dejando a alumnos de las citadas instituciones sin almuerzo y merienda escolar.

Las investigaciones determinaron que existe un daño patrimonial de G 715.303, en tanto la pericia de Obras forenses constató la sobreactuación en la construcción de aulas, en las escuelas beneficiadas con los fondos de FONACIDE.

Tras la resolución de los incidentes planteados, la prosecución del juzgamiento fue fijada para el próximo miércoles 5 de julio.