El juez penal de Garantías, especializado en delitos económicos y anticorrupción, Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral y público la causa del exjuez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, y del ujier Fernando Cáceres, ambos acusados en la famosa causa conocida como la “mafia de los pagarés”.

Según la acusación presentada por la fiscala Belinda Bobadilla, el exjuez Rodríguez habría emitido 178 fallos supuestamente irregulares, por lo que lo acusó por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

La agente del Ministerio Público sostuvo que la acusación cuenta con una base fáctica suficiente y que las irregularidades en las notificaciones no fueron hechos aislados, sino parte de un mecanismo que afectaba directamente el derecho a la defensa de los demandados. En ese sentido, remarcó que la falta de comunicación efectiva en los procesos permitía que se dictarán resoluciones sin conocimiento de las partes.

Explicó además que la conducta atribuida al exjuez Víctor Nilo Rodríguez no se limita a irregularidades administrativas, sino que incluye la presunta sustracción de documentos y bienes del juzgado tras su suspensión, conforme resolución de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con imputación inicial por parte de la fiscala Karina Caballero, entre el 2020 y el 2022 se habrían falsificado pagarés ya cancelados, modificando fechas de emisión y vencimiento para simular deudas inexistentes, hechos que fueron incluidos como pruebas dentro del proceso.

Estas demandas se tramitaban en el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez, donde se omitían notificar debidamente a los afectados. Las notificaciones eran en realidad simulacros procesales, conocidos como “notificaciones voladoras”, que vulneraron el derecho a la defensa.

La hipótesis de la Fiscalía, desde el mencionado juzgado de la Recoleta se operó de forma deliberada para perjudicar económicamente a los funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). En lugar de demandar a la Asociación de Funcionarios, dirigían las acciones a los individuos, cuyos haberes embargaba en juicios que no respetaban las garantías mínimas.