En el escrito, la defensa alega que el pasado 24 de febrero se realizaron allanamientos en el marco de la investigación, pero algunos medios de prensa informaron que estos se realizaron en propiedades pertenecientes a Roa, afirmaciones que consideran “falsas y erróneas”, ya que los lugares allanados no pertenecen al exministro.

Uno de los motivos que alega la defensa es que el fiscal de la causa, Silvio Corbeta no ha salido a aclarar que los procedimientos no fueron realizados en propiedades de Roa, “sino únicamente ha dejado a la prensa desarrollar una idea morbosa” y “dejar que la opinión pública prejuzgue y condene socialmente al investigado”.

También cuestionan que el Ministerio Público solo ha entregado parcialmente las copias de la carpeta sin tener acceso a la fecha a las pruebas incautadas ni los informes de las distintas dependencias del Estado que han informado, como informes de la Secretaría de Emergencia Nacional, cuales son las copias de las licitaciones y todos los documentos que forman las mismas.

Estos documentos, son fundamentales, pues la investigación, a la fecha, ha dado un giro en el estudio de dichas licitaciones en la SEN, pero esta defensa a pesar de haberlo solicitado no ha podido acceder aún. “Es penoso que este abogado, tenga que estar recibiendo a cuenta gotas la información de la causa, en plena violación del derecho de defensa”.

La causa denominada «Joaquín Roa Burgos y otros, sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, lesión de confianza y otros», investiga al extitular de la SEN por supuestos vínculos con investigados en la causa A Ultranza Py.

Roa había favorecido con la adjudicación de varias licitaciones a las empresas de Alberto Koube, imputado en la causa A Ultranza PY. Se presume que todo habría sido un feroz negociado.