En su carácter de testigo, Julio Mazzoleni declaró que con la llegada de los productos importados por Imedic, hubo una “discrepancia con las especificaciones técnicas, se ha hecho un rechazo de esos productos y se inició el proceso de rescisión”.

Refirió que tras la conformación de la comisión de investigación que se conformó por orden de la Presidencia, se presentó una denuncia ante la Fiscalía.

“En ese momento estábamos en un mercado sumamente distorsionado. No solo era un problema a nivel mundial de los precios, la posibilidad de conseguir sobre todo en nuestro país, había mucha incertidumbre sobre estas compras, varias compañías paraguayas o sectores del rubro salud tenían mucho miedo de arriesgar inversiones en compras”, comentó.

En ese sentido, destacó que esta compra realizada por Imedic por la via de la excepción fue el cuarto intento, debido a que los tres anteriores fueron declarados desiertos porque no había interesados u otros problemas.

“Fueron seis ítems, por un lado camas de hospital e insumos de protección al personal, que incluía gafas, protector facial, mascarillas de dos tipos, la común y la N95, además había un traje de protección que se usaba por encima de la bata”.

Respecto a las camas, dijo recordar que se habían solicitado las sencillas “debían tener ciertos números de movimientos, por ejemplo el respaldo, una cierta altura y cierto tipo de colchón; sí son sencillas, pero no eran camas de terapia intensiva que normalmente son de carácter eléctrico».

Por su parte, Carlos Arregui, extitular de Seprelad que formó parte de la comisión de investigación, relató que habían elaborado un informe sobre esta compra realizada por Imedic.

“Recuerdo que habían algunas especificaciones técnicas no cumplidas aparentemente, porque la empresa, por ejemplo, había ofrecido compensar respecto a las camas, sobre las solicitadas en el pliego de bases y condiciones” y sobre el punto enfatizó que camas eléctricas no figuraban en las especificaciones técnicas de la licitación, sino que eran camas manuales, sin embargo Imedic adquirió de las primeras.

También declaró René Fernández, exministro Anticorrupción, quien relató que como miembro de la comisión, hicieron una tarea de control,y fiscalización de los procesos de contratación pública de salud.

“El segundo ítem indicaba que eran camas hospitalarias manuales, entiendo que estas camas eran de cortas características (…) Hicimos verificación in situ a la recepción de los insumos recepcionados” dijo y agregó que las camas traídas por Imedic, que eran eléctricas, no formaban parte del lote adquirido.

Según la acusación, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por el covid, mascarillas con filtro por G 33.660 millones, trajes para riesgos biológicos por G 14.080 millones y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando G 47.952.500.000.

Entre los items solicitados, figuraban 400 camas de hospital , pero llegaron al país 50 de más, cuyo excedente eran camas eléctricas no prevista en el pliego de bases y condiciones.

Están acusados Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, ambos dueños de Imedic S.A, por Contrabando, Asociación Criminal y Producción de Documentos no Auténticos. También el despachante aduanero Carlos Gamarra y Guillermo Molinas, y Gustavo Adolfo Acosta Acosta, funcionarios de Aduanas, por los mismos ilícitos.