Expresaron lo que ahora vale para la cuestión del Paraguay in comento, a saber, que «todo ciudadano y no sólo un expresidente ha de contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la justicia, aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables», dice parte del comunicado.

Mencionan que «tal como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades estatales no pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, cuando se trata de perseguir al crimen organizado como fuente de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de afectación del Estado constitucional de Derecho», cierra el aviso.