Filizzola sostuvo que el pronunciamiento puede constituir una intromisión del Legislativo en asuntos propios del Poder Judicial y recordó el artículo 248 de la Constitución Nacional, que establece la independencia judicial y prohíbe a otros poderes intervenir en los juicios. El legislador cuestionó además que la declaración haya sido aprobada sin una lectura previa y pidió que el Senado revierta la decisión para evitar que pueda interpretarse como una presión institucional sobre la Corte.

El pedido de reconsideración no llegó a ser tratado debido a que la sesión quedó sin cuórum reglamentario y posteriormente fue levantada. La declaración cuestionada expresa preocupación por la falta de pronunciamiento de la Sala Penal sobre la recusación planteada en una causa vinculada a supuestos hechos de lavado de activos.