En su imputación, el fiscal refiere que en el tiempo comprendido entre los años 2018 a 2023, Cáceres habría sido funcionario de la Municipalidad de Asunción y se desempeñó como: asesor profesional contratado por la Junta Municipal de Asunción; director general de Gabinete y director general de Administración y Finanzas, lo cual de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal le otorga facultades administrativas sobre el patrimonio municipal.

En ese sentido, Cáceres, casado con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría y según concluyó el órgano contralor “existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría.

La señora Ruth Jazmín, de profesión odontóloga, adquirió el 9 de julio de 2020 por la suma de G. 100 millones dos terrenos adyacentes sin edificación alguna, en San Lorenzo. En base a las declaraciones impositivas presentadas ante la SET, en el desempeño de sus actividades como odontóloga, la Contraloría verificó un déficit de G. 235.273.584. Es decir, la misma no disponía de ingresos que le permitan adquirir los inmuebles, que posee en comunidad de bienes con Wilfrido Cáceres.

Posteriormente, Ruth Jazmín, el 13 de setiembre de 2021, un año y dos meses después, vendió los inmuebles a Camila Monserrat Ramírez, 19 años, por la misma suma adquirida, G. 100 millones. Sin embargo, se pudo confirmar que las propiedades ya contaban con importantes edificaciones, según notas remitidas por la Contraloría y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional.

En cuanto a Camila Monserrat, la Policía Nacional logró determinar que es estudiante de la carrera de odontología de la Facultad de Odontología de la UNA, que funge de asistente personal en la Clínica de propiedad de Ruth Jazmín, esposa de Cáceres.

Los vínculos entre los vendedores y compradores detectados y los demás elementos recabados sugieren que la operativa de compra venta entre Ruth, Cáceres y Camila constituiría una simulación, lo cual habría sido realizada para ocultar a los verdaderos propietarios de la vivienda que en ese momento ya tenía edificación de envergadura.

Con base a todos estos datos, el fiscal consideró que existen suficientes elementos de sospechas de la participación de los imputados en los hechos punibles investigados.