El pedido es extender el plazo de la etapa preparatoria hasta el 13 de mayo del 2025. teniendo en cuenta que se encuentran pendientes de realización varias diligencias que formarían parte de los elementos probatorios del requerimiento fiscal, que son las siguientes:

Informe Técnico Contable, a ser realizada por funcionarios del Ministerio Público, a fin de determinar el flujo de activos a partir de los ingresos legales por parte de la comunidad ganancial de bienes (matrimonio), así como el remanente patrimonial de los mismos

Se encuentra pendiente la remisión de informes que fuera solicitado a la Seprelad, a fin de determinar si en el periodo expresado surgieran reportes de operaciones sospechosas (ROS) en relación a los procesados.

Informe de tasación de Propiedad Urbana de la vivienda tipo mansión en la ciudad de Ñemby, por parte de la Senabico, con el objeto de determinar las características de la construcción (estructura de hormigón- tres plantas) y los equipamientos plantados en el lugar

Oficio a ser diligenciado al MEC y la Facultad Autónoma de Odontología, a fin de determinar remita informe en relación al grado de instrucción de Camila Ramirez, Elvira Gómez, Ruth Da Silva

Oficios varios al Poder Judicial en relación a la actividad profesional realizada por Wilfrido Cáceres

Informes con relación al programa televisivo “Entre Claves” emitido en televisión nacional.

Informes de pagos de impuestos inmobiliarios de la vivienda de Ñemby, de pagos de servicios de Ande, Agua, entre otras diligencias que pudieran ir suscitando con el avance del mismo, y que vayan surgiendo como consecuencia de las anteriormente descritas.

ANTECEDENTES

Esta causa se inició tras la denuncia penal realizada por la Contraloría General de la República, con base en el Dictamen de correspondencia que comunicó el resultado de la auditoría, que concluyó en la inconsistencia patrimonial entre lo declarado por el funcionario Wilfrido Adrián Cáceres Flores en el periodo 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021), tiempo en que cumpliera funciones en la Municipalidad de Asunción, en los cargos de: Asesor Profesional Contratado por la Junta Municipal de Asunción, Director General de Gabinete y Director General de Administración y Finanzas.

La GCR concluyó sobre la no correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto Cáceres Flores y la Sra. Ruth Jazmín Da Silva Almirón (cónyuge), teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado a partir de las declaraciones juradas (DDJJ) de los mismos cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados, cuyo resultado fue comunicado al Ministerio Público como Reporte de Indicios de Hechos Punibles.

El 13/05/2024 el exjefe de Gabinete de Nenecho fue imputado, junto a Ruth Jazmín Da Silva Almirón y Camila Monserrat Ramirez Gómez, (asistente de Ruth); en razón a que la última mencionada habría colaborado con el matrimonio en la ocultación del patrimonio obtenido ilícitamente en el marco del ejercicio de las funciones públicas Cáceres Flores, dentro de la Municipalidad de Asunción; de una vivienda la cual según el avalúo realizado por la Senabico, ascendería a G 4.194.476.000, sumado al equipamiento mobiliario valuado en G 521.500.000.

Para tal efecto en fecha 13/08/2021 habría suscrito un contrato privado de compra venta del citado inmueble con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, por la supuesta compra por la suma de G 100.000.000 de dos terrenos adyacentes, con una vivienda tipo mansión ubicada en San Lorenzo, del barrio Lote Guazu; posteriormente de dicha operativa de traslación de dominio sobre estos bienes inmuebles, se verifica en la Escritura Pública N° 72 de fecha 13/09/2021, que el matrimonio WIlfrido Cáceres y Ruth Da Silva venden y transfieren a favor de la señora Camila Ramirez.

“Lo que para el Ministerio Público resultó en una operación ficticia de compra venta, en razón a que conforme la investigación patrimonial que se halla en curso sobre la citada compradora, la misma a más de no contar con los ingresos suficientes que le permitieran de comprar el inmueble en cuestión, se pudo observar la estrecha relación entre la misma y la cónyuge del imputado Wilfrido Cáceres, siendo esta compradora, vecina y la asistente del consultorio médico de la misma ubicado a la vuelta del lugar”, expusieron los fiscales.

De acuerdo a los elementos colectados hasta la fecha, la imputada Camila Ramírez compró dicha vivienda por la módica suma de G 100.000.000, cuando en realidad tendría un valor aproximado total de G 4.715.976.000.

También se investiga un inmueble ubicado en Ñemby, que también habría sido ocultado intencionalmente del patrimonio de cáceres y su esposa, “ya que en un modus operandi cuasi idéntico con relación a la mansión ubicada en San Lorenzo, que fuera transferida por la suma de G 100.000.000 a la asistente Camila Ramírez; en fecha 03/06/2022 Wilfrido Adrían Cáceres Flores y Ruth Jazmín DaSIlva Almirón, suscribieron un contrato privado de cesión de derechos con la señora Elvira Gómez Vda. De Ramírez, por la supuesta cesión, venta y transferencia por la suma de G 115.000.000”.
Al respecto, los agentes manifestaron que “la actitud asumida por parte Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva, quienes estando en pleno conocimiento de que estaban siendo sometidos a un estudio patrimonial por parte de la Contraloría General de la República, cuyas declaraciones evidentemente no se ajustan a lo informado al ente contralor, así conforme a lo que fuera descubierto sucesivamente por el Ministerio Público con los actos de investigación, se abocaron a realizar actos con el fin de ocultar y frustrar el conocimiento por parte de las autoridades públicas (Contraloría General de la República y Ministerio Público) sobre la existencia real de estos bienes que le pertenecerían al matrimonio de acuerdo a las sospechas, ya que a pesar de que sus ingresos financieros legales cuantificables, habrían adquirido numerosos bienes muebles e inmuebles, fuera de sus verdaderas y legítimas posibilidades económicas, acrecentando de manera exponencial su patrimonio, monto que no sería sustentable con los ingresos percibidos, en su carácter de funcionario público, así como la actividad profesional realizada por la imputada como odontóloga”, refirieron los fiscales Corbeta y Piñanez.

Expusieron que con base en los datos e informaciones recolectados hasta la fecha, el patrimonio de los imputados oscilaría aproximadamente en G 7.000.000.000; “incluso quedan pendiente diligencias como la tasación de otros bienes como la vivienda de Ñemby, y que pueden incluso surgir a partir de los nuevos elementos que se pretenden introducir, otros bienes que efectivamente hagan al presunto patrimonio ilícito de los mismos, mediante los nuevos elementos que se pretende introducir y diligenciar con la presente solicitud de prórroga extraordinaria”.

Finalmente, sostuvieron que las sospechas indican que las operativas de compra venta detectadas serían un acto simulado con el fin de que Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva continúen disfrutando de estos bienes obtenidos fuera de sus legítimos ingresos económicos.

El Observador