La diligencia se realizó ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado, a cargo de Rosarito Montanía quien recepcionó un total de 60 cajas con evidencias que sustentan la acusación del Ministerio Público, totalizando alrededor de 80.000 páginas.

Estas evidencias corresponden a fuentes tales como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), informes del sistema financiero, Bancos, Financieras, Cooperativas, empresas investigadas, datos de comunicaciones, entre otras.

En cuanto a los nombres de los acusados en primera etapa son los siguientes:

Alberto Koube, Patricia Rodríguez, Conrado Insfran, Juan Carlos Ozorio, Luis Sebriano, Alexis González, Tadeo González, Irma Vergara, Fatima Koube, Job Von Zastrow, Diego Cubas, José Gamarra, Liz Taboada y Reina Mercedes Duarte.

El exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, quien en su momento además fue titular de la Cooperativa San Cristóbal utilizó la institución solidaria para lavar dinero producto de actividades ilícitas.

Según la acusación, la Cooperativa San Cristóbal durante la administración de Ozorio, otorgó alrededor de G 24.000 millones en préstamos, créditos y descuentos en cheques a miembros del Clan Insfrán a pesar de existir dictamen desfavorable de la comisión directiva para el efecto.

Se suma el de Alberto Koube Ayala, quien se presume fue el encargado de crear numerosas empresas de fachada a fin de simular operaciones legales con dinero de dudoso origen.

Precisamente a través de Maxigrains, propiedad de Luis Fernando Sebriano González se envió 1.071 kilogramos de cocaína, ocultas dentro de bolsas de Big-Bag, que contenía harina de soja transportadas en el interior del contenedor MFKU, que partió del Puerto Seguro fluvial de Villeta”.

El fiscal antidrogas Deny Pak imputó a Miguel Ángel Infrán alias “Tío Rico” por supuestamente formar parte de una organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Según refiere la imputación, desde el inicio del año 2020, Miguel Ángel Insfrán Galeano se unió a Sebastián Marset, con quien, durante el referido año, introdujo al país cargas de clorhidrato de cocaína, provenientes principalmente de Bolivia, para su posterior remisión al extranjero.

A tal fin, Miguel Insfrán utilizó toda su estructura logística, desde la provisión de transporte aéreo, con integrantes que cumplían la función de trasladar la droga que llegaba al país, específicamente hasta un establecimiento rural ubicado en la zona de Lagerenza (fronteriza a Bolivia), desde el cual recogía la carga ilícita y la transportaba hasta los establecimientos ubicados en el Departamento de Presidente Hayes y en el Departamento de San Pedro, lugares en los cuales Insfran y Marset acopiaban dicha sustancia estupefaciente hasta alcanzar la cantidad necesaria para remesar al extranjero; también la provisión de camiones acondicionados con doble fondo, con integrantes encargados de cumplir el traslado de la sustancia estupefaciente oculta en sus interiores, desde los mencionados establecimientos rurales, hasta los depósitos ubicados en la zona Central del país, en los cuales eran resguardadas hasta partir hacia los principales puertos nacionales, ocultas dentro de mercaderías lícitas que iban a ser exportadas al extranjero.

Es decir, a partir del inicio del año 2020, Miguel Insfran trabajó coordinadamente con Sebastián Marset, con quien mantuvo el control de todo el emprendimiento para concretar el tráfico de droga, desde la introducción de la carga de clorhidrato de cocaína al territorio nacional, el traslado a establecimientos rurales destinados para su acopio, su ocultamiento dentro de mercaderías lícitas, su distribución, hasta su remisión al extranjero, principalmente mediante puertos fluviales y marítimos del país.