En tanto, para el despachante de Aduanas Carlos Gamarra, pidió 4 años de encierro por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que para los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta se solicitó la pena de 5 años de pena privativa de libertad.

El fiscal Jorge Arce sostuvo durante los alegatos finales que durante el juicio se probó que Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y el despachante Carlos Gamarra “no declararon a tiempo las camas hospitalarias de alto valor y al no ser las camas solicitadas en el pliego, iban a ser comercializadas en el mercado. Y con la colaboración de los funcionarios Guillermo Molina y Gustavo Acosta, se puso en circulación dentro del territorio nacional”, a pesar de no tener autorización legal para ello.

Aseguró que los acusados en todo momento buscaron un lucro indebido, teniendo en cuenta que el ingreso de estas camas resultó de un procedimiento totalmente irregular.

Se probó además que los acusados montaron un esquema bien definido con una planificación precisa, “se distribuyeron tareas, compartieron datos, utilizaron el sistema informático del Estado paraguayo, efectuaron actos dentro de la administración Aduanera y lograron introducir las camas al país, en conocimiento de esa imposibilidad legal de realizar esa acción”.

Afirmó que el plan de los responsables de la firma Imedic, era que una vez llegado el avión con las camas, ingresen sin ser declaradas, “pero esta situación se describió a través de Aduanas y posteriormente requirió la colaboración de Molinas y Acosta, altos funcionarios de Aduanas con poder de decisión sobre la disposición de estas mercaderías, y a través de ellos consiguieron que salgan de la zona primaria”.

Refirió que los acusados están plenamente conscientes de que esas mercaderías importadas “no eran cualquier mercadería, eran mercaderías que requerían indefectiblemente de la autorización de Dinavisa para la importación, condición importante para su introducción al país, además de la connotación de la situación sanitaria por la que se atravesaba en ese momento”

Finalmente subrayó que la acción de los acusados, el estado paraguayo no percibió los montos en concepto de tributos que según la normativa correspondía percibir, “lo cual repercute directamente en el erario y su disponibilidad para las inversiones públicas”.

Las defensas presentarán sus alegatos finales el jueves 2 de noviembre de 7:30 a 9:00 horas.