Junto con Espínola está procesada María Lourdes Ocampos. Ambos están imputados por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Como medidas, el fiscal solicitó la comparecencia mensualmente ante el juzgado, prohibición de salir del país y la prohibición de acudir, presentarse, ingresar y permanecer en cualquiera de las dependencias de la Municipalidad de San Estanislao,

Según el acta de imputación, se le atribuyen al jefe comunal presuntas irregularidades administrativas y contables durante el ejercicio fiscal 2023, las cuales derivaron en un daño patrimonial total de G. 1.850.242.014.

La Fiscalía detectó la omisión en la aplicación de los fondos de inversión provenientes del impuesto inmobiliario y patente de rodados, que ascienden a la suma de G. 126.511.197. A esto se suma el desvío de un crédito de G. 700.000.000 obtenido mediante una ampliación presupuestaria, para cubrir G. 244.503.333 en jornales y otros G. 116.070.168 en rubros no previstos, totalizando un uso indebido de G. 360.573.501. Tampoco se habilitó la cuenta bancaria obligatoria para la creación del Fondo Especial destinado a pavimentación y obras complementarias, el cual alcanzaba los G. 155.891.197.

Se señala además un incumplimiento de la Ley Orgánica Municipal, al destinar la totalidad de los fondos de Aportes a Municipalidades de Menores Recursos (G. 584.170.302) a gastos corrientes, cuando debían priorizarse obras de inversión. Por último, el Balance General Anual 2023 reveló la omisión de pasivos por obligaciones pendientes de pago y expuso una brecha de G. 623.095.817 entre los ingresos corrientes recaudados (G. 7.989.072.608) y los gastos ejecutados (G. 8.612.168.425), generando un desbalance cuyo origen no fue reflejado en la ejecución presupuestaria.

La causa data del 2024 y en principio fue presentada por el fiscal Walter Melo, sin embargo fue devuelta a la Fiscalía el 15 de enero del 2025 a fin de que agote las diligencias necesarias para esclarecer los hechos atribuidos a ambos.