La fiscal Silvia González explicó que la acusación se centra en que la magistrada habría firmado una resolución sin verificar previamente la nacionalidad de los accionistas de una sociedad involucrada en la transferencia de tierras, un aspecto que, según Fiscalía, debía ser confirmado por cuestiones de seguridad nacional.

La representante del Ministerio Público señaló que la exjueza se reincorporó a sus funciones tras un permiso de maternidad y, tres días después, firmó la sentencia cuestionada. Indicó que llamó la atención la rapidez del procedimiento, considerando la complejidad del expediente.

La Fiscalía aclaró que la acusación no sostiene que haya existido un cobro de dinero, sino que se basa en la presunta emisión de una resolución contraria a la ley. El juicio continuará con la etapa de producción de pruebas.