De acuerdo a la acusación, el 25 de junio de 2018 en el expenal de Tacumbú (hoy Centro de Prevenidos), donde Leguizamón abordó a Ángel Omar Ruiz Díaz, procesado por narcotráfico, se presentó Héctor Leguizamón quien le manifestó ser funcionario judicial y que fue enviado como intermediario de las juezas Alba González, Gloria Hermosa y Mesalina Fernández, oportunidad en la que le exigió dinero a cambio de una reducción de la expectativa de pena. 

Para presionar a la familia, Leguizamón se reunió con el padre del interno, Ángel Norberto Ruiz Díaz, en el Shopping La Rural de Mariano roque Alonso, donde le advirtió que su hijo se exponía a 15 años de cárcel, pero que mediante el pago pactado podrían reducir la condena a 5 años. 

Ante la presión, incluso en el palacio de Justicia, el padre denunció el hecho ante el Ministerio Público y de esta manera se autorizó judicialmente la grabación de encuentros posteriores, incluyendo una reunión en el local Ña Eustaquia. 

Al no contar con el efectivo, la víctima ofreció una camioneta Kia Sportage en garantía. El 2 de julio de 2018, firmaron un contrato de reconocimiento de deuda por USD 30.000 en una escribanía del centro capitalino. Durante el acto, Leguizamón recibió un mensaje de texto del actuario identificado como Víctor Marecos que decía «no hagas ninguna macanada con el auto, lleva y guarda».

Días después, ante la falta de pago en efectivo, Leguizamón  volvió a comunicarse telefónicamente con el señor Ángel Norberto “de forma alterada y exigiendo que se realice el pago acordado cuanto antes, llegando incluso a pedir la anulación del contrato suscripto manifestando que quería romper el documento.”

En la audiencia preliminar, Leguizamón aceptó la salida procesal, admitió los hechos y el juzgado lo declaró coautor de Tráfico de Influencias y autor de Extorsión en grado de tentativa. Como parte de la pena, se le impusieron reglas de conducta y una reparación del daño social de G. 30.000.000, a ser abonada en cuotas mensuales a favor de tres fundaciones benéficas.

Su causa estuvo paralizada durante 8 años debido a que el mismo estuvo en rebeldía todo ese tiempo por no comparecer a una audiencia de imposición de medidas fijada en julio del año 2018.