La solicitud se basa en la imputación presentada en diciembre de 2023 por el Agente Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, quien formuló cargos contra Samaniego por administración en provecho propio y asociación criminal. En ese contexto, el Juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, ya había solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador.

COAPY y SAPY argumentaron que todos los ciudadanos, incluidos los legisladores, deben ser tratados por igual ante la ley, tal como lo establece la Constitución Nacional. A pesar de las inmunidades parlamentarias que protegen las opiniones y el arresto de los legisladores, sostienen que estas no deben ser un obstáculo para un proceso judicial en casos de delitos.

A su vez, en la solicitud, manifestaron: “Exigimos, a los representantes de la cámara de diputados depongan sus intereses personales y sectoriales; y cumplan con las prescripciones de nuestra constitución nacional referente al tratamiento y aprobación del desafuero del diputado Esteban Samaniego, por corresponder así en derecho e instamos, a la ciudadanía a mantenerse en vigilia permanente para salir a las calles a exigir el desafuero o la renuncia del actual diputado”. 

El 18 de marzo de 2024, el juez Humberto Otazú reiteró la solicitud de desafuero del diputado Esteban Samaniego a la Cámara de Diputados, consecuentemente habiéndo dado cumplimiento a los trámites de rigor.

El Observador