El daño directo ocasionado a la víctima se fijó en USD 2.358.000, más intereses y costos de refinanciación. Además, la querella señala que los pagarés y cheques de estas operaciones fueron colocados en el mercado financiero mediante descuentos y préstamos, lo que le permitió a la esposa de Gubetich obtener G. 1.718.480.832 y otros USD 634.607 adicionales.

El matrimonio fue acusado en diciembre de 2024 por estafa y lavado de dinero; sin embargo, la audiencia preliminar no puede realizarse debido a la cadena de recusaciones y recursos sin resolver en la Sala Penal y la Sala Constitucional de la Corte.

El expediente principal se encuentra trabado por un lado en la Sala Penal desde el 20 de febrero de 2025, por el estudio de una recusación formulada por la defensa contra el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, presentación que dilata a su vez el tratamiento de la recusación previa contra las camaristas Claudia Criscioni y Raquel Luraghi, así como la impugnación contra la providencia de citación a la audiencia preliminar.

Por otro lado, se encuentra pendiente desde el 8 de enero de 2025 el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa contra la resolución de la Fiscalía General del 20 de diciembre de 2024 que designó a un fiscal para formular requerimiento conclusivo.