Uno de los puntos que concentra la atención son las remuneraciones percibidas por funcionarios vinculados a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de la cual depende el Hospital de Clínicas. Registros oficiales muestran ingresos mensuales que, en algunos casos, superan ampliamente el salario del presidente Santiago Peña, establecido en G. 37.908.800.

Entre los casos señalados figura el de Osmar Manuel Cuenca Torres, cuyos ingresos acumulados por sus funciones en distintas instituciones llegan a casi G. 62 millones mensuales. También aparece el director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubbi Bobeda, con una remuneración de G. 39,1 millones por sus funciones en el hospital y otros ingresos provenientes del IPS y del Ministerio de Salud que elevan el total a más de G. 54 millones.

La existencia de salarios elevados no constituye por sí misma una irregularidad, pero la Fiscalía busca determinar si existen incompatibilidades, superposición de funciones, cumplimiento efectivo de las cargas horarias y otros elementos que puedan derivar en responsabilidades. Los registros públicos, según los reportes difundidos, no detallan las cargas horarias correspondientes a las distintas funciones ejercidas por algunos de estos funcionarios.

El segundo frente de la investigación tiene relación con el manejo de medicamentos. Un informe de la Contraloría General de la República detectó productos vencidos almacenados en depósitos del Hospital de Clínicas por un valor superior a G. 2.000 millones, situación que genera interrogantes sobre los mecanismos de planificación, adquisición, almacenamiento y control de los insumos destinados a la atención de pacientes.

Entre los productos encontrados figuran medicamentos oncológicos vencidos por un valor cercano a G. 150 millones, adquiridos por la propia Facultad de Ciencias Médicas. También se detectó otra partida de medicamentos donados por el Ministerio de Salud cuyo valor supera los G. 732 millones y que igualmente terminó vencida.

El contraste resulta particularmente sensible en una institución sanitaria que atiende diariamente a pacientes de distintos puntos del país y que cumple además una función central en la formación de profesionales médicos. El vencimiento de medicamentos representa no solo un posible perjuicio económico para el Estado, sino también una señal de alerta sobre la gestión de recursos que tienen un destino directamente vinculado con la salud pública.

La investigación fiscal deberá establecer ahora si las situaciones detectadas responden a deficiencias administrativas, negligencia o eventuales conductas que puedan ser consideradas delitos. Para ello, los investigadores deberán reconstruir cómo fueron adquiridos los medicamentos, qué controles existieron sobre sus fechas de vencimiento y por qué permanecieron almacenados hasta quedar inutilizables.

En paralelo, el análisis de la estructura salarial deberá determinar si las remuneraciones observadas guardan correspondencia con las funciones efectivamente desempeñadas y si existen incompatibilidades derivadas de la acumulación de cargos. La revisión adquiere mayor relevancia cuando se trata de instituciones financiadas con recursos públicos y que deben garantizar eficiencia y transparencia en el uso del presupuesto.

El caso expone así dos problemas distintos, pero conectados por una misma cuestión: la calidad de la gestión de los recursos públicos destinados a la salud. Mientras existen funcionarios con ingresos que superan ampliamente el salario presidencial, importantes cantidades de medicamentos terminan vencidas en depósitos sin llegar a los pacientes.

Más allá de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia, la investigación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles internos y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. En el Hospital de Clínicas, el desafío no pasa solamente por establecer quién debe responder por las irregularidades detectadas, sino por evitar que recursos destinados a salarios, medicamentos y atención médica terminen perdiendo su finalidad.