El juez José Delmás resolvió no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto contra el proveído de fecha 03 de mayo de 2023 en el cual se le impone como caución real el depósito de G 10.000.000 para garantizar su sometimiento al proceso.

De acuerdo a la defensa, el depósito de esa suma de dinero fue ofrecida únicamente por la co imputada Liz Elena Martínez Robles, mientras que Alcaraz Bogarín ofreció solamente un inmueble, esto de acuerdo a sus posibilidades económicas.

“El Tribunal de Apelación dispuso el depósito de la suma de G 10.000.000, es decir, no dispone que sea realizado por cada imputada, ya que, en caso de ser así, dicha caución económica ascendería a la suma de G 20.000.000”, sostiene el abogado Cristhian Miranda López.

La Fiscalía contestó el recurso manifestando primeramente que las medidas alternativas fueron aplicadas por el Juez Penal, pero ordenadas por el Tribunal de Alzada, por lo que considera que la aclaratoria planteada debió ser planteada a dicho órgano jurisdiccional superior, por ello el presente planteamiento no resulta procedente.

Además, respecto a la aclaratoria, refiere que debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Apelación no ha realizado distingo entre uno u otra imputada para que cumplan determinadas obligaciones de manera indistinta, por lo que es claro que la obligaciones impuesta deben ser cumplidas por ambas imputadas y en las misma medidas por tanto resulta claro que, tanto Liz Martínez Robles y Nélida Alcaraz Bogarín, deberán realizar el depósito correspondiente de G 10.000.000 cada una.

Por su parte, el magistrado expone en su resolución que que dicho Auto Interlocutorio es recurrible pero no por la vía de la Reposición, sino por la vía del Recurso de Apelación General y además el proveído en cuestión cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley al igual que también con lo dictaminado e impuesto por el Tribunal del alzada, es decir, no se transgredió norma jurídica alguna.

La abogada está imputada en el marco de la causa que investiga un esquema que solicitó dinero a la familia de un imputado por homicidio doloso, la cual estaría encabezada por la fiscal Ana Girala.