En octubre del 2023, la Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación preliminar sobre una denuncia contra el abogado, quien tiene documentos de haber obtenido su título de abogado en el 2011, solo un año después de que la institución haya sido creada, en diciembre del 2010.

El que lo denunció pidió que se le saque la matrícula, presentando indicios de que no habría cursado la carrera.

Entonces, el Consejo de Superintendencia de la Corte, ante la sospecha sobre la legalidad del título, decidió suspender a Benítez Stewart su habilitación legal para ejercer la profesión.

Los ministros también abrieron el sumario administrativo.

Al año siguiente, la misma Corte Suprema, en febrero del 2024, derivó el caso a la Fiscalía, y el caso terminó en manos del entonces fiscal Marcelo Saldívar (hoy juez de Garantías).

El agente había anunciado que citaría al ex decano de la Universidad, Horacio Galeano Perrone, a funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y otros directivos que firmaron el título.

En ese momento, Saldívar ya había anunciado que la investigación se centraba en determinar si eran auténticos los antecedentes académicos que dieron origen al título.

Sin embargo, el caso quedó ahí. Ahora que el entonces fiscal subió como juez de Garantías en junio de este año, la causa pasó al fiscal Melanio Correa.

Decisión de la corte. A través de un pedido, finalmente, la Corte Suprema de Justicia decidió levantar la suspensión de la matrícula a Benítez Stewart, quien podrá seguir ejerciendo como abogado hasta que la investigación concluya en la Justicia penal.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron que no existe ningún artículo de la acordada 1597/21 de la Corte ni ley alguna que impida al Consejo de Superintendencia dictar resolución, independientemente al proceso penal.

Pormenores del caso. La Universidad Interamericana entró en vigencia el 1 de diciembre del 2010 y Gerardo Benítez Stewart presentó un certificado de estudios, en donde aparece que él cursó la carrera de Derecho en el 2010 (mismo año de creación), pero que hizo las materias en el Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), ahora intervenido.

En ese entonces, ese instituto no tenía RUC ni estatutos sociales, y toda esa tramitación recién se completó en el 2014.

Incluso, en ese 2010, el Instituto Interamericano de Ciencias Sociales, en ese momento solo tenía habilitada la carrera de Relaciones Internacionales, por lo que Benítez no podría haber cursado Derecho.

La investigación tampoco pudo confirmar la existencia de ningún certificado de estudios del abogado, proveniente del ISICS.

El Instituto recién obtuvo el 18 de setiembre del 2025, a través de una ley, la posibilidad de crear la carrera de Derecho; es decir, 15 años después de que el abogado presuntamente haya cursado la carrera universitaria.

Por su parte, Gerardo Benítez Stewart aseguró que cursó las materias en el Isics

Caso similar. Este caso, según la denuncia, tendría similitud con la causa del ex senador Hernán Rivas, acusado por la Fiscalía de haber presentado un certificado de estudios expedido el 12 de mayo del 2018 y un título otorgado por la Universidad Sudamericana el 9 de junio del 2020. Ambos documentos supuestamente acreditan que cursó la carrera entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, los dos serían falsos y ahora debe enfrentar juicio oral.

Instituto en la mira de Fiscalía

En otra causa, el fiscal Carlos Acuña investiga al Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), por la expedición de 313 títulos presuntamente falsos de licenciatura en Educación Escolar Básica, Educación Inicial y Ciencias de la Educación.

La denuncia había sido presentada por el propio Ismael Fenner, quien asegura ser el dueño de los derechos de la casa de estudios.

Es que el ISICS registró entre el 5 y el 22 de mayo del 2026 un total de 313 títulos, pero consiguió la habilitación recién el 27 de febrero de este año y sería imposible que en solo dos meses los alumnos hayan podido cursarlos.

Hay otra investigación en marcha por supuesta oferta falsa de seminarios del instituto.

Fiscalía investiga 524 títulos falsos desde el año 2000

Investiga. La Fiscalía llegó a las oficinas del Gobierno a recabar datos de funcionarios que estarían implicados.

Foto: Archivo.

La fiscala Teresa Sosa investiga los usuarios de los funcionarios que modificaron, inscribieron y registraron 524 títulos falsos desde el año 2000 hasta el 2019. Estos eran registrados de manera irregular en apenas horas o en un solo día, siendo que el proceso lleva más de un mes de gestión.

Desde la Fiscalía llevan investigando desde hace dos años el esquema del registro flash de títulos mau. La fiscala confirmó que esta causa forma parte del mismo modus operandi que lleva décadas instalado en las mismas oficinas del MEC.

“No decimos supuestamente falsos. Afirmamos que son falsos los títulos y certificados de estudios, porque la entidad que supuestamente la emitió, la Universidad Autónoma de Asunción, ya informó que ellos no emitieron esos títulos y que esas personas no son sus estudiantes”, confirmó la fiscala Teresa Sosa.

Inscripción en un día. La agente siguió explicando que la inscripción y el registro de un título no puede darse en un día, ni en unas horas, porque al presentar una persona un título de grado, el primer paso es verificar si es egresado del bachiller.

Luego se avanza en confirmar que la universidad esté habilitada, si se cumplió con la malla establecida en ese periodo por las resoluciones del MEC y del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones), además de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Todo esto lleva un tiempo cercano a los 30 días realizar todas las gestiones.

“Esa verificación es bastante extensa”, precisó la fiscala. Además, señaló que los títulos falsos detectados “son del 2000, 2001, 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 hasta el 2020 son los registros que nosotros hemos verificado”.

Es decir, que se trataría de un esquema vigente casi 30 años.

Pericias. Lo retirado por la Fiscalía del MEC ayer será sometido a un estudio técnico-pericial y se investiga como hecho punible el uso de los documentos no auténticos.