En la preopinión del ministro Ramírez Candia se expone en primer término que Peña Cabral ya fue objeto de sumario interno en el Ministerio de la Defensa Pública, por un lado y por el otro la imputación fiscal por hecho pasivo agravado que al inicio se dispuso la prisión preventiva y luego se revocó para la aplicación de medidas menos gravosas.

“Teniendo en cuenta lo señalado y en virtud a lo que dispone el artículo 13 de la Ley6814, corresponde el enjuiciamiento por el hecho punible que se le atribuye a la funcionaria, como existe un proceso penal abierto, entonces se procede a la suspensión del enjuiciamiento por el hecho punible hasta tanto se emita sentencia definitiva”, refiere el alto magistrado.

Así también Ramírez Candia, solicita la suspensión de la Defensora Pública en el ejercicio de sus funciones a la CSJ, de conformidad al Art. 259 numeral 7 de la CN y el Art. 13 inc. c de la Ley Nº 6814/21. 3/3.

El pleno aprobó tanto el enjuiciamiento de oficio como la suspensión en el ejercicio de funciones, no obstante el debate se generó al momento de la inclusión o no de un enjuiciamiento por indicios de mal desempeño de funciones

En ese sentido, el Dr Oscar Paciello, quien propuso iniciar el juzgamiento de oficio por mal desempeño de funciones, de acuerdo a los antecedentes expuestos por el preopinante.

Sobre el punto Ramírez Candia, manifestó que la figura señalada por la Fiscalía en su imputación resulta suficiente para el enjuiciamiento por hecho punible y a su vez no incluir lo referente al mal desempeño de funciones, postura que fue acompañada por los demás miembros.

Antecedentes

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Luis Said, imputó a la defensora pública de San Pedro, Yrene Catherine Peña Cabral, por los hechos punibles de cohecho pasivo y tráfico de influencias. La funcionaria solicitó dinero a su defendido Rodrigo Suárez, para que, en una causa por sustracción de energía eléctrica, pueda ser beneficiado con una salida alternativa. La plata iba ser para el juez y el fiscal de la causa.

Supuestamente, también se tenía que pagar al abogado de la Ande. Sin embargo, la causa fue enviada a juicio oral. Empero la defensora volvió a pedir dinero para los miembros del Tribunal de Sentencia. Le dijo a Rodríguez que no tenía que hablar de dinero sino de manzanas y que cada manzana equivalía a G. 1.000.000. Exigió 5 o 6 “manzanas” para los magistrados.

La investigación está relacionada a la existencia de hechos punibles de acción penal pública, en la que se ha reunido información que sostiene la sospecha fundada de la supuesta participación responsable de la imputada en carácter de autora, en su comisión, refiere la imputación del fiscal Luis Said.