La obligación surge luego de que quedara firme una resolución judicial que ordenó facilitar esa información pública, tras vencer el plazo sin que la institución presentara una apelación.

El pedido fue promovido por el abogado Federico Legal al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública y apunta a obtener un registro completo de las intervenciones de Rivas durante su paso por el JEM, tanto cuando representó a la Cámara de Diputados como posteriormente en representación del Senado, incluyendo el periodo en que ejerció la presidencia del organismo.

La documentación deberá incluir las resoluciones adoptadas en cada expediente, así como los dictámenes elaborados por los asesores jurídicos antes de que los integrantes del Jurado emitieran sus votos. El objetivo, explicó Legal, es determinar si las decisiones finales respetaron o se apartaron de las recomendaciones técnicas y, en caso de existir diferencias, establecer cuáles fueron los fundamentos utilizados.

Según señaló, el análisis permitirá reconstruir el comportamiento institucional del JEM en cada proceso y evaluar la coherencia entre los informes jurídicos y las resoluciones finalmente aprobadas por el pleno.

Una vez que la información sea entregada, el abogado anunció que pondrá todo el material a disposición de periodistas, organizaciones y cualquier ciudadano interesado para que pueda ser examinado de manera independiente. Afirmó que la intención es facilitar un análisis amplio y transparente de los antecedentes de cada expediente en el que intervino el exlegislador.

No obstante, Legal aclaró que la publicación de estos documentos no implica automáticamente la nulidad de las decisiones adoptadas por el JEM. Explicó que cualquier eventual acción dependerá del resultado del juicio oral que enfrenta actualmente Hernán Rivas por el caso de su presunto título irregular de abogado.

Solo si la Justicia determina mediante una sentencia firme que dicho título era falso, las personas que consideren haber sido afectadas por actuaciones del exsenador podrán evaluar las medidas legales que correspondan.

En ese escenario, indicó que será necesario revisar individualmente cada expediente para establecer si el voto de Rivas fue determinante para la decisión final, si actuó como preopinante y cuáles fueron las consecuencias jurídicas derivadas de cada resolución.

El abogado sostuvo que, a partir de ese análisis, podrían plantearse distintas alternativas legales por parte de los afectados, entre ellas acciones de nulidad o incluso demandas por daños y perjuicios, aunque insistió en que cualquier paso dependerá primero de lo que resuelva la Justicia en el proceso penal que enfrenta el exparlamentario.

La decisión del JEM de no recurrir el fallo judicial también generó reacciones. El abogado Ezequiel Santagada recordó que hasta hace pocos días la institución mantenía una postura contraria a entregar esa documentación y cuestionó el cambio de criterio adoptado por sus integrantes luego de la resolución dictada por la Justicia.

Con el vencimiento del plazo previsto para el 24 de agosto, el Jurado deberá hacer pública una parte importante de su historial de actuaciones durante la gestión de Hernán Rivas, información que podría convertirse en un elemento relevante para futuras acciones judiciales o administrativas, dependiendo del desenlace del proceso penal que actualmente enfrenta el exsenador.