La administración de Ramón Giménez Gaona no habría cumplido los objetivos del “Programa, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno (Metrobús) que eran la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana de transporte, para contribuir al aumento de calidad de vida de las poblaciones de las áreas de intervención de sus proyectos, según refiere la imputación de la fiscala Estefanía González.

“Esta situación se debió a que Ramón Jiménez Gaona, en su carácter de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones no efectuó el control efectivo para evitar deficiencias en la planificación de la obra y tampoco habría ejercido la coordinación sobre la estructura de control del MOPC (Fiscalización y Supervisión) con respecto al incumplimiento de la documentación contractual”, añadió la agente del Ministerio Público.

En otra parte de su escrito, señaló que a raíz de lo indicado más arriba se pagaron 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por obras que no cumplirían para la finalidad del referido programa. “Es decir, las obras pagadas no serían de utilidad alguna para la ciudadanía”, enfatizó la fiscala.

Luego hace referencia a un ajuste por G. 5.318.335.000, no contemplado inicialmente por imprevisión en la planificación de la obra de Metrobús.