El programa está destinado originalmente a personas en situación de extrema pobreza, pero durante las investigaciones encontraron que muchos de los beneficiarios no se enmarcan en la línea de pobreza.

Los tipos detectados serían, el de adquisición fraudulenta de subvenciones, estafa, lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

La denuncia, formulada contra personas innominadas a fin de que se realicen todas las diligencias necesarias, está firmada por la ministra secretaria ejecutiva de la institución estatal.

La ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Teresa Rojas, el ministro asesor de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, y el ministro auditor general del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo, firman el documento presentado ante el Ministerio Público contra personas innominadas.