Imputación por frustrar el comiso de bienes de Cabeza Branca

El 15 de septiembre de 2026, los fiscales Verónica Valdez y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputaron a Sánchez por lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso (en grado de tentativa).

Según la Fiscalía, el magistrado ordenó la subasta pública de dos fincas de la estancia “La Nelly” (fincas N° 56 y N° 57, en el distrito de Azote’y, departamento de Concepción), que estaban bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) e inscritas con medidas cautelares vigentes.

Estos inmuebles formaban parte del patrimonio del narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”. A pesar de los informes que advertían sobre las medidas cautelares y la expectativa de comiso, el juez dispuso la subasta el 11 de octubre de 2023.

El 8 de noviembre de ese año se realizó el remate y los bienes fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. (por montos de G. 1.500 millones y G. 500 millones, respectivamente).

Días después, el 28 de noviembre, Sánchez aprobó la subasta e intentó ordenar la inscripción preventiva a favor de la empresa.

La denuncia original fue presentada por la fiscala Lorena Ledesma. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya le retiró los fueros, inició un proceso especial y solicitó a la Corte Suprema su suspensión. El proceso penal continúa ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

El antecedente personal: matrimonio y adopción en Brasil

Antes de esta imputación, Sánchez ya había generado un intenso debate público a finales de 2025. El magistrado confirmó que contrajo matrimonio con el ciudadano brasileño Tom Serra en Brasil y que ambos adoptaron un niño bajo las leyes de ese país.

El menor tiene nacionalidad brasileña y reside en Brasil con Serra; Sánchez viaja los fines de semana para visitarlo.

En Paraguay, la Constitución (artículo 52 y referencias al matrimonio) y el Código Civil no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la adopción por parejas homosexuales. Algunos medios locales calificaron el caso como un “escándalo” y cuestionaron la exposición del menor en redes sociales.

Sánchez respondió denunciando discriminación, vulneración de la privacidad de su familia y daño a su honor, e incluso anunció acciones legales.

Situación actual

La combinación de la imputación penal por la subasta de bienes vinculados al narcotráfico y la polémica previa por su vida personal ha intensificado las dudas sobre la continuidad de Sánchez en el juzgado de Capitán Bado.

Mientras el proceso penal avanza y el JEM mantiene su pedido de suspensión, el magistrado sigue formal e institucionalmente cuestionado.

La causa sigue abierta y se espera que en los próximos meses se defina tanto su situación procesal como las medidas administrativas que puedan adoptar los órganos de control del Poder Judicial.