El juzgado calificó de manera provisoria la conducta del procesado por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal, ordenando su traslado y reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos.

Según el acta de imputación presentada por el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, el episodio ocurrió el pasado 3 de noviembre, minutos antes de las 17:00. Tras tomar conocimiento de la intervención de ueno bank dispuesta por el Banco Central del Paraguay, Martínez Appleyard se habría constituido en la sede de GSR Security para ordenar al jefe de seguridad el retiro anticipado del personal administrativo.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el directivo instruyó apagar las cámaras y el sistema de grabación correspondientes al sector de Tesorería, la bóveda principal y la esclusa de salida. Luego de realizarse un inventario físico, recibió personalmente del gerente de Tesorería la suma de G. 18.102.290.050 y USD 189.396, suscribiendo el comprobante de entrega en representación del Directorio.

Los valores fueron cargados en el móvil blindado N.° 007 —marca Toyota, modelo Hiace, con matrícula AAYL 756—, cuyo sistema de rastreo GPS registró un desplazamiento directo hasta un inmueble situado en el barrio Trinidad de Asunción, lugar donde posteriormente se incautaron documentos vinculados con los movimientos de ambas entidades. Tras efectuarse los arqueos correspondientes en el marco de la investigación, se constató un faltante de G. 3.090.600.000.

En el transcurso de la audiencia de imposición de medidas, los abogados defensores Paolo Steven Vicente Castiñeira Roche y Eduardo Daniel Agüero solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Alegaron que su defendido cuenta con arraigo suficiente en el país y sostuvieron que el perjuicio patrimonial fue reparado íntegramente mediante la presentación de un cheque por G. 3.090.600.000 durante su declaración indagatoria. Asimismo, ofrecieron en concepto de caución real tres propiedades ubicadas en Capiatá, San Cosme y Damián, y Ñemby, solicitando plazos adicionales de 24 horas y 30 días para presentar las tasaciones faltantes y los certificados de condiciones de dominio.

Al evaluar la solicitud, el juez Estigarribia concluyó que subsiste el peligro de fuga atendiendo a la gravedad de los hechos investigados, la magnitud del daño patrimonial y la expectativa de pena. Sobre el cheque exhibido, el magistrado remarcó que su sola presentación no demuestra la reparación efectiva del daño mientras no se verifique la disponibilidad real de los fondos.