El juez Miguel Palacios desestimó la denuncia por prevaricato presentada por el exministro del Interior Walter Bower contra la jueza de sentencia Laura Beatriz Ocampo Fernández, miembro del tribunal que lo condenó a 15 años por tortura. La denuncia se basaba en un audio en el que supuestamente la magistrada coordinaba acciones de manera irregular para evitar que los plazos procesales vencieran tras una recusación.

La fiscal Daniela Benítez expuso en su pedido que Bower formuló su denuncia con base en una grabación de audio, donde se escucha una conversación entre personas y, del minuto 2:52 al minuto 05:15, una persona con voz masculina dice: «el Tribunal ha sido recusado en pleno ya, ahora si ya se suspende definitivamente». Posteriormente una voz femenina, atribuida a la jueza Laura Beatriz Ocampo, dice: «no hagas providencia, lo que vamos hacer, es que oralicen, así no nos corre los diez días… nos recusaron, estos dos déjale que oralicen, nos recusaron, bueno listo, vamos abrir la audiencia, ellos lo que quieren es que caiga los diez (10) días, no hagas providencia».

Para la representante del Ministerio Público, no se infiere que la magistrada haya realizado o tomado alguna decisión que violara el derecho para favorecer o perjudicar al denunciante o a alguna de las partes, concluyendo que la misma tomó decisiones dentro del juicio conjuntamente con los demás miembros del Tribunal.

Tanto la Fiscalía como el juzgado concluyeron que los hechos denunciados no configuran el delito de prevaricato, ya que no se identificó por parte de Bower ninguna resolución judicial dictada por la jueza.

El juez Palacios refirió además que las expresiones contenidas en el audio son ambiguas y no evidencian puntualmente a qué se refería.

El exministro del Interior fue condenado el 25 de enero del 2025 a 15 años de cárcel por el hecho punible de tortura del que fueron víctimas efectivos de la Policía Nacional,  el comisario Alfredo Cáceres y el agente Jorge López, tras el fallido intento de golpe de Estado en mayo del año 2000. La sentencia fue emitida el 25 de enero de 2025.