Mediante el Auto Interlocutorio N.º 416, el magistrado dispuso que el procesado guarde reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por un plazo inicial de 15 días, mientras se aguarda el informe de Establecimientos Penitenciarios para definir su lugar definitivo de detención.
Rodríguez González enfrenta imputación por parte de un equipo de siete agentes fiscales por la supuesta comisión de lesión de confianza (en calidad de cómplice), producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
Según la hipótesis del Ministerio Público, el funcionario habría actuado como el “brazo técnico-jurídico” de una estructura que alteró sustancialmente un informe técnico de la Superintendencia de Bancos antes de remitirlo a la Cámara de Senadores el pasado 7 de octubre (Nota BCP/P N.º 016), en coordinación con el expresidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro titular del Directorio, Marco Aurelio González; y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
La Fiscalía sostiene que del documento oficial remitido al Congreso se suprimieron datos relevantes del reporte original, entre ellos:
Indicios de financiación indirecta en una compra de cartera por USD 74,4 millones a través de la firma Vinanzas S.A. para simular la subsanación de excesos crediticios.
La existencia de una denuncia técnica de la Superintendencia de Bancos y la falta de atribuciones del BCP para anular dicha operación.
La incorporación de datos falsos sobre la situación laboral del exgerente Fernando Rivarola al momento de emitir un memorando de alerta en julio de 2026.
Para los investigadores, este ocultamiento impidió el control oportuno del Poder Legislativo y permitió que ueno bank S.A. continuara operando y captando depósitos masivos hasta su resolución el 2 de noviembre de 2026, cuando su solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo legal, poniendo en grave riesgo fondos públicos y previsionales por más de G. 3,6 billones y USD 233,4 millones, además de generar un sobrecosto al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Durante la audiencia de imposición de medidas, Rodríguez González se abstuvo de declarar. Sus abogadas defensoras, Sara Parquet y Paola Gauto Parquet, solicitaron la devolución del acta de imputación por considerarla genérica y destacaron los 37 años de trayectoria de su cliente en el BCP, su arraigo familiar y su presentación voluntaria ante la Comisaría N.º 7. Como alternativa a la prisión, ofrecieron arresto domiciliario, tobillera electrónica y seis inmuebles en concepto de fianza real.
No obstante, el juez Osmar Legal rechazó las medidas menos gravosas tras evaluar que el proceso se encuentra en una etapa incipiente. El magistrado fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos, la expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel y el peligro de obstrucción a la justicia, atendiendo a que aún restan por producirse pruebas documentales y declaraciones testimoniales dentro de la banca matriz y en otras entidades públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS). El plazo para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo vence el 16 de mayo de 2027.





