El juzgado penal de garantías rechazó una reposición que planteó la defensa del abogado Ángel Cino, quien solicitó que se suspenda la diligencia hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre una casación planteada contra una resolución que confirmó la competencia del juez. No obstante, Otazú señaló que dicho planteamiento no cumple requisitos para ser admitido, por lo que rechazó la reposición y envió el expediente al Tribunal de Apelación.

En este proceso, están acusados la exjueza González de Bristot; los actuarios Miguel Angel Rolón, Gloria Mariel Martínez y Liz Ortíz; los ujieres notificadores Lider Rodrigo Benegas y Heber Hernan Cardozo; los oficiales de justicia Hector Noguera, Oscar Frutos y Paola Vargas.

También fueron acusados los abogados Cynthia Raquel Gaona Acuña (en representación de Litoral Trading S.R.L.); Carlos Agüero León (en representación de LAB S.A.); Anibal Cino Isnardi (en representación de Nexo S.A.); Gerardo Stockel Duartel (en representación de Nexo S.A.); Fatima Viola Ojeda González (en representación de Mi Paraguay S.A.); Eliana Rodríguez (en representación de Carsa); Marta Martinessi Culzoni (representación de Chacomer S.A.E.); Mario Gabriel Rojas Ayala (en representación de San Cristobal Ltda.); Pedro Olmedo Cano (en representación de Serfin S.A.); Felix Oscar Gill (en representación de la firma Cobranzas eficientes y oportunas S.A.).

La acusación resalta cómo entre los años 2022, 2023 y 2024 magistrados y otros funcionarios del sistema de justicia, actuaron en conjunto para favorecer a empresas de cobranzas. Las víctimas del esquema, funcionarios activos y jubilados, no eran notificadas debidamente de estas actuaciones para ejercer su defensa.

«Estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no fueron diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos, lo cual era conocido y querido tanto por los abogados demandantes, los actuarios y la jueza a cargo», señala parte de la acusación.

En relación a la exjueza Lilian González de Bristot, en 179 expedientes entre los años 2023 y 2024, dictó resoluciones judiciales violando el principio de igualdad. El escrito resalta que todo ello lo habrían hecho con conocimiento de que se apartaban de la ley, pero además, con la clara intención de favorecer a la parte actora en los juicios tramitados ante ella.