El extitular de la ESSAP, Omar Ludovico Sarubbi, fue procesado junto a más de 30 personas por un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 17.000 millones entre los años 2015 y 2016. Los mismos ya habían sido sobreseídos, pero en el año 2024 los ministros Manuel Ramírez Candia y César Garay votaron por anular las resoluciones de primera y segunda instancia para que se haga una nueva audiencia preliminar.
La causa se inició en el año 2018, tras una denuncia que señalaba presuntas irregularidades en el uso de «fondos a rendir». La Fiscalía sostenía inicialmente que Sarubbi y otros directivos habrían desviado aproximadamente Gs. 17.000 millones mediante el uso de facturas clonadas y comprobantes falsos para justificar gastos que nunca ocurrieron o que fueron inflados.
El esquema investigado sugería que estos fondos, destinados a reparaciones de emergencia y gastos operativos menores, terminaron en beneficio de terceros, afectando la operatividad de la aguatera estatal.



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