El juzgamiento se realizará a partir de las a las 07:30 horas ante el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza, Karina Cáceres.

Se trata de la causa que investiga la adecuación de expedientes administrativos de 14 obras, con el fin de justificar desembolsos para proyectos no realizados, por un total de G 5.105.600.000.

Están acusados:

Hugo Javier González: por Lesión de confianza, Declaración falsa, Producción de documentos no auténticos y Asociación Criminal todos en calidad de autor.

Karina Mazacote Widmar (funcionaria de Control y Evaluación de la Gobernación): Lesión de confianza, Declaración falsa y Producción de documentos no auténticos en calidad de cómplice; y Asociación Criminal en calidad de coautor.

Adalberto Benítez Aguilera (Jefe del Departamento de Fiscalización de Obras Menores): Lesión de confianza, Declaración falsa y Producción de documentos no auténticos en calidad de cómplice; y Asociación Criminal en calidad de coautor.

Lourde Lezcano Decoud (Secretaria General de la Gobernación): Lesión de confianza y Declaración falsa en calidad de cómplice; Producción de documentos no auténticos en calidad de autor y Asociación Criminal en calidad de coautor.

Javier Marcelo Rojas Giménez (Director General de Administración y Finanzas): Lesión de confianza, Declaración falsa y Producción de documentos no auténticos en calidad de cómplice; y Asociación Criminal en calidad de coautor.

Luis Eduardo Allende Araujo (Jefe de Tesorería): Lesión de confianza, en calidad de cómplice y Asociación Criminal en calidad de coautor.

Modesta Escobar Valiente (funcionarias de Control y Evaluación de la Gobernación): Lesión de confianza y Declaración falsa en calidad de cómplice; y Asociación Criminal en calidad de coautor.

Edgar José Zaracho Quintana (Director de Asesoría Jurídica): Lesión de confianza en calidad de cómplice; y Asociación Criminal en calidad de coautor.

De acuerdo a la acusación entre 2020 y 2021, Hugo Javier, un grupo de funcionarios, con la colaboración de representantes de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y contratistas crearon, cambiaron y adecuaron expedientes administrativos de catorce obras, con el fin de justificar los desembolsos que se realizaron sin proyectos.

La Gobernación desembolsó G. 3.063.360.000 para la ejecución del proyecto “Construcción y Mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central”, y G. 2.042.240.000 para la ejecución del proyecto “Pavimentación asfáltica empedrado en el Departamento Central”, a cargo de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).

Para el desembolso, se libraron las órdenes de pago por G. 2.297.520.000; G. 765.840.000; G. 510.560.000 y G. 1.531.680.000, que de acuerdo a la ley, debían ser transferidos a la cuenta de la ONG, sin embargo el pago se hizo a través de 4 cheques que fueron retirados y efectivizados por un funcionario de la CIAP, sin embargo este dinero no ingresó a la Fundación, sino que fue entregado a funcionarios de la Gobernación del Departamento Central, en la misma fecha en que fueron efectivizados.

Con el fin de esta operación ilegal, al momento de rendir cuentas por los fondos desembolsados, Hugo Javier González, en su carácter de Gobernador, presentó ante el Gabinete Civil de la Presidencia de la República y ante la Contraloría General de la República, una rendición de cuentas respaldada con comprobantes que no reflejaban la realidad de lo que se había hecho con el dinero público y además no especificaba concretamente cuáles fueron las obras civiles y viales que se realizaron, sino simplemente se limitó a encajar las facturas a los montos desembolsados.

Durante la investigación se detectaron varias facturas clonadas de proveedores que afirmaron jamás haber prestado ningún tipo de servicio tanto para la Fundación CIAP como para la Gobernación.

El Observador