El año pasado, el JEM removió apenas a 4 operadores de justicia, apercibió a 6 y a absolvió a 26. Estos datos están en la página de este órgano extrapoder y la ciudadanía lo puede corroborar. ¿Se compadece la cantidad de jueces y fiscales destituidos y apercibidos con el alto nivel de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público? La respuesta: de ninguna manera.

En consecuencia, la conclusión a la que el ciudadano puede arribar es que el Jurado encubre a los operadores de justicia.

¿Cuál sería el motivo? Esta es la pregunta que uno se hace. La respuesta es sencilla. El JEM es usado por muchos de sus integrantes como un órgano de “apriete” así como lo denunció acertadamente el senador Pedro Santacruz, quien incluso presentó una evidencia documental de esta grave situación.

Santacruz presentó un acta que se hizo por pedido del juez Nelson Ojeda, quien había denunciado que fue destituido por que se negó a firmar una resolución que le pidieron desde el JEM. Incluso le enviaron un proyecto de resolución. El intermediario fue el concejal de Presidente Franco, Luis Gallardo, quien le señaló que le iba a llamar Bogarín, según el acta notarial que trascribió los mensajes de whatasapp recibidos por el magistrado, que fue repuesto en el cargo por una medida de urgencia de la Corte Suprema.

Este caso se tenía que remitir a la Fiscalía, según resolvió el Jurado. Si hay algún fiscal que intervino en la causa, lo que puede es peritar el teléfono del concejal para ver con quienes se comunicó.El Jurado tampoco hizo absolutamente nada con relación al juez Amílcar Marecos, quien firmó así, con errores, el proyecto de resolución que le enviaron desde del Jurado de Enjuiciamiento.

A este se suma, que el Jurado está integrado por cuatro legisladores: dos senadores y diputados. Estos últimos están representados por Rodrigo Blanco y Hernán Rivas, cuyas actuaciones en el Jurado son muy criticados. Los otros integrantes son los ministros de la Corte, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.

El otro miembro es el doctor Oscar Paciello, en representación del Consejo de la Magistratura. El mismo tiene vínculo director con el estudio jurídico Oscar Paciello, y en consecuencia tiene intereses en los procesos que son manejados por el referido estudio jurídico.

Ojalá, los jueces y fiscales, nos permitan grabar las llamadas que hacen algunos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento presionando por sus causas. Sin embargo, esto es sumamente difícil considerando que los operados de justicia serían inmediatamente enjuiciados por el JEM.
Grave acusación

El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, quien integra el Jurado por la Corte, había denunciado que se usó un dictamen falso para blanquear a los camaristas Juan Carlos Paredes y Antonia López de Gómez, quienes habían regulado los honorarios de los abogados Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano en 4 millones de dólares con base a fotocopias.

Ramírez Candia dijo que el dictamen que leyó Rodrigo Blanco para blanquear a los dos camaristas es “erróneo”.
¿Qué hizo el Jurado ante la grave acusación? Nada. Se callaron todos sus integrantes, dando por cierto lo señalado por Ramírez Candia.