El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia explicó en la sesión del 23 de mayo pasado, que en fecha 24 y 25 de abril las juezas presentaron un recurso de reposición y argumentó por el rechazo, que fue respaldado por los seis miembros presentes en la sesión. Además de Ramírez estaban Pucheta, Garay, Enrique Berni, el senador Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera.

Luego, Ramírez Candia resaltó que obra en el expediente electrónico que el 13 de mayo pasado, las magistradas adjuntaron la nota Nº 30 del 10 de mayo, en la cual el presidente del Consejo de Administración de la circunscripción de Amambay, el camarista Luis Alberto Benítez Noguera, informó de la elevada cantidad de juicios orales, en total 220 y que el único Tribunal de Sentencia está integrado por las magistradas cuyo pedido de suspensión se resolvió.

“Resulta pertinente tener en consideración la nueva información puesta a conocimiento de este Jurado por parte del presidente de la circunscripción judicial, atendiendo que si la decisión tomada se efectiviza tendrá repercusión directa en la administración de justicia de la misma circunscripción, ya que al tratarse del único Tribunal de Sentencia de la circunscripción afectará la tramitación y resolución de un gran número causas judiciales o de procesos pendientes”, manifestó el representante de la Corte ante el Jurado.

Ramírez Candia, en consecuencia, consideró que resulta adecuado revocar la decisión del 19 de abril de 2024 de pedir la suspensión de las magistradas en el ejercicio del cargo, solicitud que se tendría que hacer llegar a la Corte.

La postura de Ramírez Candia fue respaldada por el ministro de la Corte, César Garay, por el senador Derlis Maidana, Enrique Berni y la doctora Alicia

Pucheta. El diputado Alejandro Aguilera no votó ese punto, alegando que no estuvo en la sesión en la que se tomó la decisión de pedir la suspensión de las citadas magistradas.

No estuvieron en la sesión, el diputado Orlando Arévalo y el senador Mario Varela.

ES INTOLERABLE, INABMISIBLE

El argumento esgrimido por el docto Ramírez Candia y respaldado por cuatro miembros del JEM, no se puede admitir desde ningún punto de vista por la gravedad del hecho atribuido a las juezas, que con su fallo favorecieron al crimen organizado, como calificó el Ministerio Público la criticada sentencia en su momento.

Es mejor que la circunscripción judicial de Amambay se quede sin Tribunal de Sentencia, que las que estén a cargo de las mismas sean magistradas sospechadas de favorecer al crimen organizado, para lo cual se “violentó la libertad probatoria, con una valoración deficiente, separándose de las reglas de la sana crítica y una fundamentación deficiente y contraria a la ley”, según resolución de la Cámara de Apelaciones, que anuló la sentencia de juicio oral.

Por la gravedad del hecho, a propuesta de Berni, el Jurado había resolución enjuiciar y pedir la suspensión de las juezas, que supuestamente incurrieron en mal desempeño por: incumplir de formar grave o reiterada las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, Códigos Procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones y mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes reveladas en juicio.

Las magistradas no solo absolvieron a Waldemar Pereira Rivas, sino facilitaron su fuga, considerando que tras el blanqueo ordenaron la inmediata libertad del mismo.

El Observador