Ramírez Candia explicó que el informe preliminar elaborado por el Jurado, se basó en el análisis de 85 expedientes, de los cuales en 79 de ellos se verificaron irregularidades. Unos 6 expedientes ya no fueron estudiados porque ya pasaron dos años y prescribieron.

“La mayoría de los fiscales cuya actuación se evalúa recibieron la causa abierta y la mantuvieron con cierto pedido de informe por largo tiempo, hasta disponer el archivo con posterioridad a la sentencia que generó la investigación”, expresó el ministro de la Corte.

“La investigación fue abierta y continuó en base a una denuncia que no constituye hecho punible, situación que demuestra que el objetivo de estas causas abiertas no era precisamente realizar una investigación para determinar la existencia de una supuesta conducta punible, sino, como se ha dicho en la sentencia (que condenó a RGD), utilizar la causa penal abierta como un elemento de presión contra los denunciados”, afirmo el ministro que votó por el enjuiciamiento de Mirta Ortiz (no fue confirmada por la Corte), Francisco Torres, Silvio Alegre, Sandra Ledesma, Fátima Villasboa y Fabián Centurión (ya se jubiló).

Sin embargo, en la sesión no se alcanzó la cantidad necesaria de votos para procesar a Torres y Ledesma, pero si a los demás.