La actuación de todos los jueces y fiscales que intervinieron en esta causa, debería ser revisada y analizada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que es el órgano constitucionalmente habilitado para ello, independientemente a que lo haga la Corte Suprema o el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón.

Se generan muchas dudas con respecto a la actuación de los operadores de justicia, que nunca sancionaron las chicanas e incluso algunos se habrían prestado a extender el proceso.

El caso Cucho evidencia muchas cosas, entre ellas, el sometimiento del Poder Judicial y la Fiscalía al poder económico, que es lo que impera en los casos de narcotráfico. En esto procesos, también casi siempre se da la presión de algunos políticos, cuyas campañas son solventadas por los narcotraficantes, que operan a favor de la libertad o el arresto domiciliario del presunto comerciante de drogas.

En el caso de los magistrados y fiscales el órgano habilitado para investigarlos es el Jurado de Enjuiciamiento.

Pero en esta causa, dilatada hace años, también tendrían implicancia los ministros de la Corte, que, como cabeza del Poder Judicial, debieron actuar y sancionar a los jueces que no velan por el normal desarrollo del proceso y no aplican las normas para el efecto.

Además, el expediente estuvo dos años en la Corte, ante una acción promovida por el entonces fiscal adjunto antidrogas, Marco Alcaraz, contra una decisión del Tribunal de Apelación, Primera Sala, Capital.

Desde donde se lo mire, lo que pasó es muy grave. Si fue por desidia, por presión política o poder económico, el arresto de Cucho, la gente sacará sus conclusiones. Lo cierto y concreto, es que afecta enormemente la credibilidad del Poder Judicial y el Ministerio Público.