Tras la presentación del urgimiento, se informó que los ministros César Garay y Eugenio Jiménez Rolón se inhibieron de entender en la acción de inconstitucionalidad. En el marco del proceso de integración de la Sala Constitucional ampliada, ahora pasa a la Sala Penal.

La exsenadora resaltó que “es importante determinar un poco en el marco de este ejercicio de dignidad que estamos haciendo, la importancia de que funcionen los mecanismos de contrapeso ante el abuso de poder, ante la prepotencia, pero por sobre todas las cosas esta sentencia puede tener condimentos paradigmáticos. Estamos viviendo momentos de mucha violencia política; violencia política que afecta principalmente a las mujeres. Estos talibanes políticos que son los cartistas han montado todo un esquema absolutamente trazable, que involucró a varias instituciones públicas en la pérdida de investidura. Empezamos por la Contraloría General de la República, donde el Contralor General de la República empieza en el mes de diciembre más o menos a legitimar esta hoja de ruta y este plan, hablando de un comisionamiento irregular que él mismo firmó”.

Dijo además que esto se consolidó “con una serie de mecanismos que tuvieron como objetivo posicionar noticias falsas dentro de redes sociales. En ese sentido una serie de mercenarios digitales rentados por el cartismo empiezan a operar 30 días antes de mi pérdida de investidura. Hoy a raíz de una investigación periodística se puede determinar exactamente de que el cartismo realizó compras de bots, más de 25.600 perfiles falsos y cuentas operaron con una conversación artificial que tenía como objetivo el ‘fuera Kattya’”. 

Expresó además que urge saber el origen del dinero utilizado para ese fin “porque probablemente existieron recursos públicos involucrados en la compra de bots que se compraron de China, se compraban de Costa Rica, de Estados Unidos, y además de eso una serie de funcionarios públicos; la Fiscalía dentro de este engranaje abre una investigación penal a través de noticias falsas difundidas por los medios del grupo cartista, específicamente el diario La Nación. Utiliza como acápite y fundamento de una supuesta sospecha de corrupción pública todo lo que hace a el segundo nivel que implicó desde las redes sociales, pasar a los medios cartistas. La Fiscalía cumplió un rol determinante dentro de este esquema; a partir de ahí tenemos además digamos la ausencia de una investigación y la Corte hoy se convierte en cómplice de esto”. 

“La Corte está sometida al cartismo. Obviamente que nosotros hoy tenemos serias sospechas, no solamente por la ausencia de una postura crítica ante una situación de avance autoritario que estamos viviendo”, sentenció.

El Observador