La decisión podrá ser condenatoria o absolutoria y llegará después de varias semanas de producción de pruebas, declaraciones testimoniales y cuestionamientos sobre la trayectoria académica atribuida al acusado.

El Tribunal está presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado además por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. Para hoy está prevista la presentación de los alegatos finales de la defensa de Rivas y posteriormente el proceso deberá avanzar hacia el cierre del debate y la decisión de los magistrados. El propio colegiado había establecido que el juzgamiento concluiría este 24 de septiembre.

La Fiscalía ya fijó una posición contundente. Los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez solicitaron una pena de 12 años de prisión por los hechos de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. Para el Ministerio Público, las pruebas incorporadas durante el juicio demuestran que la historia académica consignada en los documentos de Rivas no guarda correspondencia con una trayectoria universitaria real y verificable.

Uno de los puntos centrales del proceso fueron las inconsistencias relacionadas con los lugares donde Rivas habría cursado la carrera de Derecho. Durante el juicio aparecieron referencias a Luque, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, mientras que la Fiscalía expuso diferencias entre esas versiones y los documentos académicos incorporados a la causa. También fueron cuestionados la carga horaria, las fechas de exámenes y los registros correspondientes al trabajo final de carrera.

Otro elemento expuesto durante el debate fue la existencia de certificados que consignaban distintos temas para el trabajo de conclusión de carrera. Según lo presentado por la acusación, en una documentación aparecía "La reelección presidencial", en otra "Robo Agravado" y posteriormente volvía a figurar el primer tema. Testimonios de antiguas autoridades universitarias también fueron utilizados por la Fiscalía para cuestionar la consistencia de la documentación académica.

El proceso igualmente examinó cómo el título llegó a obtener reconocimiento oficial. El diploma de Rivas fue registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias el 9 de junio de 2020 mediante la Resolución N.º 30.858/2020. Durante el juicio se analizaron las actuaciones administrativas que permitieron ese registro y las condiciones en las que posteriormente Rivas obtuvo su matrícula y juró como abogado.

La causa adquirió especial relevancia institucional porque Rivas utilizó su condición de abogado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, organismo encargado de juzgar la actuación de jueces y fiscales. Incluso llegó a presidir ese órgano. La controversia sobre su formación académica trascendió así la validez de un título universitario y alcanzó las decisiones adoptadas durante su paso por una de las instituciones vinculadas al sistema de Justicia.

La defensa tendrá hoy la oportunidad de exponer sus conclusiones y responder a la acusación fiscal antes de que el Tribunal adopte una decisión. Rivas, quien durante el desarrollo del juicio decidió no prestar declaración, afronta una acusación cuya tesis deberá ser aceptada o rechazada por los magistrados a partir de las pruebas producidas durante el debate.

La sentencia marcará el desenlace judicial de uno de los casos que mayor controversia generó alrededor de la acreditación académica de un integrante del Congreso y del JEM. El Tribunal deberá determinar si los hechos atribuidos por el Ministerio Público fueron demostrados con suficiencia para establecer responsabilidad penal o si corresponde absolver al acusado.

Después de años de cuestionamientos sobre el título y meses de proceso judicial, la definición queda ahora en manos del Tribunal. Este jueves la Justicia deberá pronunciarse sobre el caso que puso bajo sospecha la documentación académica con la que Hernán Rivas acreditó su condición de abogado y llegó a ocupar espacios de decisión dentro del sistema de Justicia.