El Estado paraguayo reconoció la responsabilidad internacional por la muerte del periodista Santiago Leguizamón, ocurrida el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero. Su hijo Dante Leguizamón habla del acto que se realizó, de lo que falta para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana y sobre la falta de justicia por el asesinato de su padre. Finalmente, aboga por la aprobación de una ley de protección a los periodistas y personas defensoras.

–¿Cómo toma el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la muerte de su padre?

–Nosotros, con la familia y también en la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, tomamos con satisfacción, digamos, el acto y el discurso, podríamos decir, o la asunción de la responsabilidad de parte del Estado, y también, la situación concreta de que el Estado haya asumido la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos del caso específico. A nosotros nos resultó satisfactorio el acto, nos pareció acorde a lo que esperábamos. Si bien creemos que hay muchos pasos todavía que dar para el cumplimiento pleno en la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que es lo que creemos que va a ser honra efectiva a la memoria de Santiago Leguizamón y también a los otros periodistas asesinados.

–¿Cuántos puntos faltan justamente para cumplir esta sentencia?

–Y todavía faltan algunos puntos. Fundamentalmente son tres los que restan concretar al menos. Hay un punto que se avanzó en una parte, pero todavía falta. Con relación a la medida de adoptar los monumentos de Santiago Leguizamón tanto de Pedro Juan Caballero como en Asunción como monumentos, como sitios de memoria. Eso, si bien ya cuenta con una resolución de la Secretaría Nacional de Cultura, todavía no ha puesto en valor esos espacios, no ha intervenido y mejorado la situación en la que se encuentran ambos. Eso por un lado. También está pendiente la promulgación de una ley con respecto al premio Santiago Leguizamón, que es para periodistas jóvenes que investigan hechos de corrupción, narcotráfico y también temas relacionados a derechos humanos. Esas son dos medidas que están pendientes.

–¿Y la ley de protección de periodistas?

–Sí. Las medidas fundamentales donde no hemos podido avanzar decididamente, una guarda relación con la ley de protección de periodistas y personas defensoras que en el Congreso venimos trabajando inclusive antes de la sentencia para desarrollar un proyecto de ley de protección de periodistas y personas defensoras que esté acorde a la normativa internacional, que respete los Principios de París, que tenga una perspectiva de derechos humanos, que también respete la teoría y todo lo que hoy entendemos por protección y lo que se entiende por protección en Latinoamérica en general con relación a periodistas y personas defensoras, pero esa ley fue descartada, podríamos decir, por el oficialismo.

–¿Y qué pasa ahora?

–Y presentaron un proyecto de ley paralelo que no cumple con los estándares de derechos humanos, que no incluye la participación de la sociedad civil, la participación de los gremios, que excluye a la defensoría de Derechos Humanos. El proyecto normativo tampoco prevé los mecanismos de trabajo interinstitucional entre las entidades públicas necesarias que intervienen en el proceso y, además, no participan autoridades con fuerza  política.

–¿Fuerza política?

–Sí. Porque lo que hace es crear una dirección dentro del ministerio del Interior sin detallar las medidas, sin detallar la participación de la sociedad civil y tampoco tiene una fuerza política real como para poder ordenar ni a la Policía ni a otras instituciones como el Ministerio Público u otras cuestiones, que es uno de los principales problemas del sistema actual de protección a los periodistas. Y la última medida. también muy importante para nosotros. es la creación del grupo de trabajo para investigar, para esclarecer las circunstancias del asesinato de Santiago Leguizamón y de todos los periodistas asesinados, no solamente de Santiago. Bueno, ese grupo de trabajo debe investigar la hipótesis. Primero lo que ha hecho hasta ahora el Estado para sancionar los asesinatos de los veintidós periodistas y, además de eso, abrir investigaciones o profundizar sobre las hipótesis que se tienen con relación a estos crímenes. En la mayoría de los casos estamos hablando de una impunidad total.

–¿Impunidad total?

–La mayoría de los casos ni siquiera se han investigado o profundizado las hipótesis de los y las periodistas asesinados. Entonces, la idea es que ese grupo profundice esas investigaciones y que pueda impulsar efectivamente las causas penales que están en desarrollo y, si no logra impulsar las causas penales, al menos conseguir una verdad histórica. Una verdad pública sobre lo que ha ocurrido y quiénes estuvieron detrás de los asesinatos.

–¿Cómo ve a la justicia en los casos que afectan a los periodistas?

–Una de las grandes deudas de la democracia es la independencia de la justicia, pero también la efectividad de la justicia a la hora de perseguir y sancionar algunos hechos punibles, algunos crímenes. Estamos hablando de crímenes de periodistas, los asesinatos de dirigentes campesinos en el proceso de lucha por la tierra. Así también hablamos de los crímenes de personas trans. La mayoría de este tipo de hechos se encuentran en total impunidad y tanto la justicia como el Ministerio Público tiene una deuda muy grande de investigación y de sanción en ese sentido.

–¿En la justicia jamás le dieron a usted una respuesta respecto al caso de tu padre?

–No, jamás. La última respuesta que obtuvimos fue que en el Brasil el delito había prescrito, o sea, que no podían ser juzgados en el Brasil. En todo el proceso en Paraguay para traducir y enviar el expediente al Brasil porque como bien se sabe, Brasil no extradita a sus connacionales. Deben ser juzgados en ese país. Para eso había que traducir todo el expediente judicial paraguayo y enviar a la justicia brasileña para que continúe las investigaciones.

–¿Y qué hizo el Paraguay al respecto al proceso para que juzguen a los autores del crimen?

–Y Paraguay tardó siete años en traducir algunos de los tomos. Los primeros años enviaba exhortos sin las formalidades, enviaba notas sin la vía correspondiente que era a través de exhortos y de la cancillería. Realmente hizo mucho para que el hecho efectivamente quede en la completa impunidad, sobre todo cuando se tenía la información inclusive de declaraciones de los propios autores materiales que decían quiénes le habían pagado, quiénes intervenido y todo eso.

Dante Leguizamón

Secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Abogado con especialización en Derecho Penal en el Centro de Ciencias Penales y  Política Criminal del Prof. Dr. Wolfgang Schöne. Masterado en Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Ex comisionado y ex titular de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. Ex abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires.

Y Paraguay tardó 7 años en traducir algunos de los tomos. Los primeros años enviaba exhortos sin las formalidades, enviaba notas sin la vía correspondiente que era a través de exhortos y de la cancillería.

Presentaron un proyecto de ley paralelo que no cumple con los estándares de derechos humanos, que no incluye la participación de la sociedad civil, de los gremios, que excluye la defensora de DDHH.