El sometimiento a los poderes políticos y económicos sigue siendo un grave problema en la administración de justicia, que esta ahora la Corte fue incapaz de solucionar. Es más, los ministros son los más acomodados con el gobierno de turno, eso se evidencia en las decisiones del alto tribunal y en la “vista gorda” que hace sus miembros, cuando no toman ninguna medida ante sugestivos fallos que favorecer en los juzgados o cámaras de apelaciones a legisladores, ministros del ejecutivo, directores de entes, gobernadores e incluso intendentes.

El caso del senador Hernán Rivas es una muestra clara de como el Poder Judicial, busca congraciarse con el gobierno de turno.

La imputación al legislador por título falso de abogado fue devuelta en dos ocasiones a la Fiscalía, por supuestos incumplimientos legales y una acordada de la Corte.
De esta forma, se ató de “pies y manos” al Ministerio Público para que pueda seguir con las diligencias a fin de reunir las pruebas para una posible acusación ante sumados indicios de la comisión de hechos punibles. A esto, se sumaron el Ministerio de Educación y otras instituciones dependientes del Ejecutivo, que pedían prórroga o no respondían directamente los informes solicitados por la fiscal Patricia Sánchez.

La Cámara que devolvió en dos ocasiones la imputación de Rivas la integran José Agustín Fernández, Delio Vera y Bibiana Benítez.

CASO TAPABOCAS

Los camaristas Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre, permitieron una “situación de impunidad grave”, refirió la fiscal adjunta Soledad Machuca, cuando recurrió a la Corte contra la resolución de la Cámara de Apelación que anuló la acusación en el caso “tapabocas de oro” y ordenó el sobreseimiento definitivo de Edgar Melgarejo y otros acusados, por presunto negociado durante la pandemia del covid-19.

El blanqueo de este emblemático caso de corrupción pública, causó indignación en la ciudadanía, que espera que la Sala Penal de la Corte, rectifique rumbos y que los responsables afronten juicio oral, en donde se debatirá si son o no inocentes.

La nulidad de la condena a Rubén González Chaves, hijo del exlegislador Oscar González Daher (fallecido), por otro Tribunal de Apelaciones, también generó sospechas. González Chavezs, que había sido condenado a ocho años en un primer juicio oral, en el segundo fue sentenciado a cinco años y seis meses de cárcel. Es decir, logró reducir su condena dos años y cuatro meses.

Los fiscales Francisco Cabrera y Luz Guerrero apelaron la semana pasada la condena reducida a González Chaves.

El proceso por tráfico de influencias al exlegislador Carlos Portillo, la justicia de Ciudad del Este prescribió. La acción que el mismo presentó estuvo más de dos años en la Corte, lo cual favoreció la impunidad en este emblemático caso.

Y causas como las mencionadas hay muchas. Citamos estas como ejemplo y para que la ciudadanía pueda entender, cómo funciona nuestro Poder Judicial, en donde hay una alta mora, mucha corrupción interna y grosero sometimiento al poder político, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El Observador