La sentencia fue dictada este viernes por unanimidad, por el colegiado presidido por la jueza Elsa García e integrado por sus colegas Jesús Riera y Yolanda Morel.

Para el tribunal quedó acreditado que el también exgobernador de Paraguari no tiene cómo justificar egresos por la suma de G. 1.934.584.283, entre los años 2009 y 2019, tiempo que abarcó la investigación del fiscal Luis Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

En consecuencia, el colegiado de sentencia ordenó el comiso especial de bienes del ex parlamentario colorado por el monto del enriquecimiento ilícito; y dispuso el bloqueo de cuatro inmuebles que el ahora condenado tiene a su nombre en el distrito de Sapucai, a fin de garantizar el comiso una vez que la sentencia quede firme.

Como pena adicional el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos ordenó la prohibición de ocupar cargos públicos por el plazo de cinco años, que empezarán a correr una vez que Miguel Cuevas compurgue su pena carcelaria.

El exdiputado abdista seguirá en libertad hasta que la sentencia de primera instancia quede firme, según lo resuelto por el colegiado de sentencia, teniendo en cuenta que al inicio del presente proceso penal en el año 2020, el entonces diputado colorado estuvo preso en la Agrupación Especializada de la Policía por casi 7 meses

Cuevas calificó su condena como “un chiste de mal gusto” y criticó que los jueces de sentencia le hayan borrado “de un plumazo” ingresos por casi G. 3.500 millones que registró entre los años 2009 y 2019.

Por su parte el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Cuevas, cuestionó que el Tribunal de Sentencia haya absuelto al exdiputado colorado del proceso por declaración falsa por duda sobre los préstamos que debía cobrar, pero no tuvo en cuenta esto al momento de calcular los ingresos del acusado.

El fiscal Luis Piñánez, quien había solicitado una condena de 10 años para Miguel Cuevas, celebró la sentencia del tribunal e indicó que lo relevante es que el castigo que se impone a un funcionario público que se enriqueció de forma ilícita en detrimento de su mandante, el Estado paraguayo.

El agente de Delitos Económicos y Anticorrupción destacó también que el Tribunal de Sentencia haya impuesto como pena adicional la prohibición de ejercer cargos públicos para el exdiputado colorado, ya que él no solicitó dicha sanción en sus alegatos finales.