Para el legislador, lo ocurrido con Rivas representa apenas "la punta del iceberg" de un problema que podría superar ampliamente la responsabilidad individual del exsenador. Su planteamiento apunta a que, una vez determinadas las responsabilidades dentro de este expediente, las instituciones competentes sigan el rastro de quienes hicieron posible que documentos cuestionados atravesaran diferentes instancias administrativas y terminaran siendo utilizados para acceder a posiciones de enorme relevancia institucional.

El caso adquirió particular gravedad debido a que Rivas llegó a integrar y presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), organismo encargado de juzgar la actuación de jueces, fiscales y defensores públicos. La Constitución exige la condición de abogado para los representantes del Congreso ante este órgano, por lo que Nakayama sostiene que la situación trasciende una eventual irregularidad académica y alcanza directamente al funcionamiento de una institución constitucional.

El Ministerio Público acusó a Rivas por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. La tesis fiscal sostiene que habría utilizado documentación académica que no se correspondería con una formación universitaria efectivamente cursada y que posteriormente empleó su matrícula profesional para acreditar su condición de abogado ante el JEM.

Durante el proceso, la Fiscalía expuso como parte de su acusación la supuesta inexistencia de la secuencia académica que normalmente deja el paso de un estudiante por una carrera universitaria, incluyendo inscripciones, asignaturas cursadas, asistencias, evaluaciones y otros registros. La defensa de Rivas, por su parte, ha rechazado la acusación y sostiene la validez de la documentación presentada.

Sin embargo, Nakayama considera que las investigaciones no deberían agotarse en determinar exclusivamente la responsabilidad de Rivas. El senador reclama avanzar también sobre las personas que intervinieron en la expedición, firma, registro y validación de los documentos, además de establecer si existieron responsabilidades institucionales que hicieron posible todo el proceso.

La propia investigación fiscal ya abrió interrogantes sobre la eventual participación de otras personas en la emisión, validación, registro y utilización de la documentación vinculada al título cuestionado. Para Nakayama, esclarecer esa cadena resulta fundamental para determinar cómo documentos actualmente sometidos a cuestionamientos judiciales pudieron superar diferentes controles oficiales.

El planteamiento apunta además hacia un escenario más amplio: que lo descubierto en el caso Rivas pueda servir como punto de partida para investigar otros eventuales títulos académicos bajo sospecha, particularmente cuando pertenecen a personas que ejercen funciones públicas o desempeñan cargos para los cuales una determinada formación profesional constituye un requisito legal.

La advertencia cobra especial relevancia ante la posibilidad de que las irregularidades no constituyan episodios aislados. Nakayama sostiene que el caso Rivas es apenas "la punta del iceberg", por lo que reclama que las autoridades competentes profundicen las verificaciones cuando existan elementos que permitan sospechar de la autenticidad o regularidad de otros títulos.

El senador también puso el foco sobre las consecuencias institucionales derivadas del paso de Rivas por el JEM. Una eventual determinación judicial sobre la irregularidad de su condición profesional podría abrir cuestionamientos sobre actuaciones en las que participó dentro del organismo, especialmente en procedimientos contra magistrados y agentes fiscales donde su intervención o voto haya resultado determinante.

La discusión, por tanto, ya no se limita exclusivamente a establecer qué ocurrió con el título atribuido a Rivas. También coloca bajo la lupa los mecanismos utilizados por las instituciones para comprobar las credenciales académicas de quienes acceden a cargos públicos de relevancia y las responsabilidades de quienes intervienen en esos procesos.

Para Nakayama, cerrar el episodio únicamente con el desenlace judicial de Rivas dejaría sin responder una cuestión de fondo: cómo la documentación cuestionada logró atravesar los controles administrativos y permitir que una persona llegara a integrar y posteriormente presidir uno de los organismos constitucionales encargados de juzgar la conducta de jueces y fiscales.

El reclamo es que, una vez esclarecido el caso Rivas, las autoridades sigan adelante. La investigación de la cadena que permitió la utilización de su título y la revisión de otros casos que acumulen indicios concretos aparecen ahora como el siguiente frente de una controversia que, según la advertencia del senador, podría ser mucho más extensa de lo que hasta ahora salió a la luz.