El afiche, donde promete "más transparencia y elecciones limpias", fue interpretado como una abierta amenaza por la propia dirigencia de base de la ANR.

Según denuncias que llegaron a nuestra redacción, la intención real sería espiar y presionar a dos sectores claves del coloradismo pedrojuanino: los funcionarios públicos y los seccionaleros.

"¿Quién le dio la atribución para filmarnos? Quiere espiar el voto de los funcionarios públicos y de los seccionaleros para saber si votamos por Paulo Acosta o por otros candidatos a concejal. Esto es apriete político", afirmaron colorados históricos de la ciudad.

Los seccionaleros, que son los operadores territoriales de las seccionales coloradas, y los funcionarios públicos, que dependen de la administración departamental y de entes del Estado, serían los más vulnerables a este tipo de control, ya que temen represalias laborales si no acompañan la lista oficialista de Guillén.

La propuesta es ilegal. La Ley Electoral establece que solo el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puede disponer de medidas de seguridad dentro de los locales de votación y garantiza el secreto absoluto del voto.

La instalación de cámaras particulares para identificar al elector viola la Constitución Nacional.

Hasta el momento, Luis Guillén no aclaró quién financiará las cámaras, quién monitoreará las imágenes en tiempo real y dónde se guardarán las grabaciones.