Los abogados, luego de una advertencia de que podrían se imputados por la Fiscalía por frustración del comiso de bienes de Messer, desistieron rápidamente de los honorarios que ya fueron regulados.

Los letrados eran abogados del doleiro y por los “trabajos” que hicieron como defensores solicitaron millonarios honorarios.

Em primera instancia, el juez en lo civil, Alfredo Barrios, reguló en G. 2.530.300. Sin embargo, en la Cámara de Apelación, los camarista Juan Carlos Paredes y Antonia López de Gómez y la disidencia de Guido Cocco, fijaron los honorarios en unos US$ 4 millones, en base a publicaciones periodísticas.

Cuando la noticia saltó a la luz pública los abogados, que ya consiguieron que el juez Edgar Rivas, disponga el embargo de los bienes, desistieron de su pretensión.

El Jurado de Enjuiciamiento blanqueó el caso.

Los ministros de la Corte, ni siquiera actuaron en el caso, pese a la gravedad de los hechos. El único que criticó duramente fue el ministro Manuel Ramírez Candia, que incluso recordó el caso cuando Antonia López, camarista itinerante, buscó nombramiento en Asunción.