Su abogado, Catalino Troche Mercado, sostuvo que la mujer lleva más de 28 meses de privación de libertad, sumando el arresto domiciliario y la reclusión penitenciaria, y que ya había cumplido la pena mínima de dos años. Ofreció inmuebles valuados en G. 2.366 millones como garantía para obtener la medida menos gravosa.
Por su parte, la fiscal Susana González se opuso a la modificación de la medida cautelar arguyendo que ya se ha dictado condena de primera instancia bastante elevada, además la defensa solicita la aplicación del arresto domiciliario en un domicilio en Ciudad del Este, lo que a su criterio constituye un peligro de fuga al tratarse de una ciudad fronteriza “en donde sería muy fácil para la condenada salir del país sin registro”.
El colegiado sostuvo que si bien es cierto que la sentencia aún no se encuentra firme, pues se encuentra en el Tribunal de Apelaciones, resaltó que existe una falta de arraigo pues la misma no cuenta con domicilio propio, no cuenta con trabajo y también tuvo en consideración la facilidad para abandonar el país que podría tener desde Ciudad del Este.
Además se ha constatado el local de la Asociación Hijas de Nuestra Señora de Caacupé, sitio donde cumpliría el arresto domiciliario y que dieron origen a la presente causa, se encuentra cercana a la vivienda familiar de la víctima, por lo que no se puede dar curso a lo solicitado por la defensa, rechazando así el pedido.
La decisión fue unánime y la firmaron los jueces María Luz Martínez Vázquez, Dina Marchuk Santacruz y David Federico Rojas Dos Santos.
Según quedó probado en juicio, la víctima, una adolescente de 16 años, fue sometida a trabajos forzados y condiciones de servidumbre. También sufrió castigos físicos y se le obligó a cumplir tareas domésticas extenuantes que se extendían hasta altas horas de la madrugada.
Incluso la menor fue mantenida incomunicada y hasta fue amenazada para evitar que regrese con su familia. Los informes médicos y psicológicos incorporados a la causa confirmaron la existencia de afectaciones derivadas del trato recibido durante el tiempo en que la adolescente permaneció bajo la custodia de las acusadas. En esta causa también fue condenada la monja Olga Bogado Cubas.
