La decisión judicial fue adoptada este martes por el colegiado presidido por la magistrada Yolanda Morel e integrado por las juezas Ana Rodríguez y Karina Cáceres, ante la ausencia del procesado, quien debía comparecer para la continuación del juzgamiento iniciado el pasado 30 de septiembre.

Durante la audiencia estaba previsto avanzar con los alegatos iniciales de las partes, después de que en la sesión anterior fueran examinados los incidentes promovidos por la defensa. Sin embargo, la incomparecencia del acusado impidió el desarrollo de la jornada.

El defensor público Martín Muñoz, encargado de la representación legal de Esquivel, informó que realizó varios intentos de comunicación telefónica con su defendido, sin obtener respuesta. Según explicó ante el tribunal, el teléfono celular del procesado permanecía apagado.

Frente a esta situación, las magistradas resolvieron dejar sin efecto las medidas alternativas a la prisión que beneficiaban al acusado, declarar su rebeldía y disponer su inmediata captura para asegurar su sometimiento al proceso penal.

No se trata del primer episodio de esta naturaleza protagonizado por el exfuncionario. En agosto de 2021, cuando se desarrollaba el primer juicio relacionado con las irregularidades investigadas en Petropar, Esquivel tampoco compareció ante la Justicia, circunstancia que motivó una medida similar.

Aquel procedimiento concluyó con una condena de tres años de prisión contra el expresidente de la petrolera estatal Sergio Escobar Amarilla, declarado culpable por lesión de confianza. Posteriormente, Esquivel fue aprehendido y quedó habilitada la realización de su propio juicio.

En esta nueva etapa del proceso, el acusado había asistido a las primeras dos jornadas, pero su ausencia de este martes volvió a interrumpir el procedimiento judicial.

La investigación del Ministerio Público se concentra en una contratación impulsada durante la administración de Escobar Amarilla para modernizar los equipos de electrificación de molinos de la planta industrial de Petropar ubicada en Mauricio José Troche, departamento de Guairá.

El procedimiento tuvo su origen en una licitación pública convocada a finales de 2012, que derivó en la adjudicación de un contrato por G. 24.000 millones a la empresa MGA Consultora, representada por Michael Azuaga.

El acuerdo, formalizado en marzo de 2013, contemplaba la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de equipos industriales bajo la modalidad llave en mano, con un plazo contractual de 180 días.

Sin embargo, durante la ejecución del proyecto fueron introducidas modificaciones en las condiciones financieras que permitieron elevar considerablemente los desembolsos anticipados a favor de la contratista.

Inicialmente, mediante una adenda suscrita el 25 de marzo de 2013, se autorizó un anticipo equivalente al 30% del monto contratado. Posteriormente, el 8 de abril del mismo año, una segunda modificación elevó ese porcentaje al 50%, equivalente a G. 12.000 millones.

De acuerdo con la investigación fiscal, Esquivel intervino en la tramitación de estas modificaciones desde su responsabilidad al frente de la Unidad Operativa de Contrataciones, incluyendo la solicitud de la segunda adenda y la autorización de desembolsos cuestionados.

La fiscala Silvia González Vester, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, sostiene que estas actuaciones contribuyeron al perjuicio patrimonial atribuido a la operación. Por estos hechos, el exfuncionario enfrenta una acusación en calidad de cómplice de lesión de confianza.

El proyecto contratado tampoco habría sido ejecutado en las condiciones originalmente pactadas. Según los antecedentes de la causa, Petropar recibió en agosto de 2013 dos motores y cuatro tableros electrónicos, pero quedaron pendientes otros componentes necesarios para completar la instalación.

La contratista solicitó posteriormente una ampliación del plazo de ejecución hasta diciembre de ese año. No obstante, el 7 de octubre de 2013, durante la presidencia de Fleming Duarte, la estatal resolvió rescindir el contrato por incumplimiento.

Más de trece años después de aquellas operaciones, el proceso judicial continúa abierto respecto de la responsabilidad penal atribuida a Esquivel, cuya situación procesal vuelve a complicarse por su incomparecencia ante el tribunal.

La orden de captura permanece como la principal medida dispuesta para conseguir su comparecencia y permitir la continuidad del juicio oral, en una causa que tiene como antecedente la condena de un expresidente de Petropar y un presunto daño millonario a los recursos públicos.