La jornada en la capital del país se inició con una numerosa concentración en la emblemática Plaza de la Democracia, desde donde la columna de protesta se desplazó con pancartas y cánticos a lo largo de la calle Palma. Durante el trayecto, los manifestantes repudiaron la falta de respuestas efectivas por parte de los organismos de seguridad y de la Justicia, recordando que la víctima había radicado denuncias formales contra su agresor y contaba con una orden de restricción que no impidió el desenlace fatal.
Las protestas se replicaron de forma simultánea en la capital del décimo departamento. En Ciudad del Este, la ciudadanía acudió a la convocatoria pacífica sobre la avenida General Bernardino Caballero, frente a la sede de la Gobernación de Alto Paraná. La marcha culminó en la plazoleta de la Municipalidad esteña, donde los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de la joven y dieron lectura a un manifiesto exigiendo garantías reales para la vida y los derechos de las mujeres.
Entre los reclamos expuestos en los pronunciamientos públicos, las organizadoras enfatizaron que el caso de Deisy Paola expone la vulnerabilidad estructural en la que se encuentran miles de denunciantes en todo el territorio nacional. Los colectivos denunciaron que las órdenes de alejamiento expedidas por los juzgados de paz se han convertido en meros instrumentos burocráticos que carecen de seguimiento policial efectivo o de dispositivos tecnológicos que impidan el acercamiento de los agresores.
La indignación expresada en las calles se respalda en las preocupantes cifras divulgadas por el propio Ministerio Público. Según los registros oficiales de la institución, en lo que va del año 2026 se contabilizan 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en todo el país, dejando como saldo a más de 36 hijos en huérfanos. Estos guarismos amenazan con superar el nefasto balance del año 2025, periodo en el que se registraron 37 crímenes de esta índole a nivel nacional.
Las referentes insistieron en que la memoria de Deisy Paola debe marcar un punto de inflexión para la implementación de políticas públicas integrales, mayor presupuesto para refugios de contención y sanciones ejemplares para las autoridades que incurran en negligencia asistencial.
