El inicio de este ciclo estuvo acompañado de una ceremonia oficial marcada por la exclusión de las periodistas, lo que indica una profundización de las restricciones a las mujeres. La administración talibán, que prometió un gobierno moderado tras su ascenso en 2021, reitera no obstante su interpretación estricta de la Sharia, imponiendo severas limitaciones a la participación femenina en diversos sectores de la sociedad.

Según UNICEF, la prohibición afecta directamente a más de un millón de niñas, excluyéndolas de la educación formal y comprometiendo gravemente su desarrollo personal y profesional. El Ministro de Educación talibán, Habibullah Agha, ha destacado la intención del régimen de promover la educación en ciencias religiosas y modernas, pero sus políticas restrictivas contradicen tales afirmaciones, impactando negativamente el futuro de toda una generación.

La exclusión de las niñas de la educación secundaria y superior constituye sólo una fracción de las medidas represivas implementadas, que también incluyen el acceso limitado a espacios públicos y empleos .

Este desafiante escenario no sólo distancia a Afganistán de los principios básicos de los derechos humanos, sino que también pone en duda cualquier posibilidad de reconocimiento internacional de los talibanes como autoridad legítima.