Espínola sostiene que el fiscal adjunto Roberto Zacarías resolvió la recusación presentada contra Guerrero sin que el mismo tenga competencia y bajo impedimentos jurídicos, además estando aún pendiente de resolución la recusación contra la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez y contra la fiscal adjunta María Teresa Aguirre, lo cual califica como una decisión arbitraria y grave. “Deja en evidencia cual es la finalidad del Ministerio Público, existe y persiste una evidente motivación política, siendo causal de enjuiciamiento”, expresa en dicho escrito.

El secretario presidencial, expresa igualmente que las irregularidades en la investigación iniciaron desde el momento en que Santiago Peña presentó la denuncia ante la Dirección de Gabinete Fiscal y no ante la oficina de denuncias, incumpliendo así lo que establecen las disposiciones y reglas del Ministerio Público, ya que la dirección no se encuentra habilitada para la recepción de denuncias y atención al público, sino que es la encargada de gerenciar el funcionamiento del gabinete fiscal.

Además, sostiene que existe un “manejo arbitrario y privilegiado para unos pocos por parte del Ministerio Público” en el inicio de las actuaciones, debido a que se remitió la denuncia sin causa especial a la Fiscalía General, donde la fiscal adjunta María Teresa Aguirre designó a “dedo” a la agente Luz Guerrero, cuando dichas designaciones solo se deben realizar cuando sea conveniente por la naturaleza del caso o su especialización.

Asimismo, indica que con “celeridad hasta injustificada” dicha agente realizó diligencias solicitadas en la denuncia, sin analizar si corresponde o no, “faltando escandalosamente a la objetividad” y meramente en función a los intereses políticos que favorecen al denunciante. También, sostiene que los hechos punibles que le atribuyen resultan imposibles de ser cometidos en un mismo acto, demostrando así una carencia absoluta de criterio.

La denuncia fue presentada por el precandidato presidencial Santiago Peña, tras la publicación de los salarios del candidato presidencial en el banco Basa. En el caso fue designada de forma interina la fiscal Claudia Aguilera, hasta que se resuelvan las recusaciones presentadas por el secretario privado del jefe de Estado.