Una delegación paraguaya compuesta por 19 autoridades, legisladores y funcionarios tiene previsto trasladarse a Ginebra, Suiza, para participar de una sesión internacional en la que Paraguay deberá rendir cuentas sobre los avances y las dificultades en materia de protección de los derechos de las mujeres. La presentación está programada para el próximo 13 de octubre.
La misión oficial tendrá como principal objetivo presentar el VIII Informe Periódico del Paraguay ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), organismo de las Naciones Unidas encargado de examinar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en esta materia.
La delegación estará encabezada por la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, y contará también con la participación de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes. A ellas se sumarán los diputados Rocío Abed, Jazmín Narváez, Bettina Aguilera y Rodrigo Gamarra, además de otros representantes de instituciones públicas.
La cantidad de integrantes de la comitiva abrió cuestionamientos sobre la necesidad de movilizar a un grupo de estas dimensiones para una presentación internacional, particularmente por los recursos estatales que podrían destinarse al traslado, alojamiento y permanencia de los funcionarios en territorio europeo.
Uno de los principales puntos que genera interrogantes es la falta de información detallada sobre el presupuesto de la misión. Hasta el momento, según los reportes difundidos, no se conoce un desglose completo de los gastos correspondientes a pasajes aéreos, viáticos, hospedaje y otros desembolsos vinculados con la participación paraguaya.
La situación adquiere especial relevancia debido al contexto nacional, marcado por nuevos hechos de feminicidio y persistentes cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar mecanismos efectivos de protección.
En ese escenario, la participación de autoridades paraguayas en una instancia internacional de evaluación también coloca bajo examen los resultados concretos de las políticas públicas implementadas para enfrentar la violencia de género, mejorar el acceso a la justicia y fortalecer los sistemas de asistencia a las víctimas.
El Comité CEDAW examina periódicamente los informes presentados por los países que forman parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Durante estas sesiones, los representantes estatales deben responder consultas sobre la aplicación de las disposiciones internacionales y las medidas adoptadas para corregir las deficiencias identificadas.
La comparecencia de Paraguay permitirá abordar aspectos relacionados con la igualdad de derechos, la prevención de la discriminación, la protección frente a la violencia y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en evaluaciones anteriores.
Sin embargo, más allá de la importancia institucional de esta presentación, el desplazamiento de 19 representantes del Estado vuelve a instalar el debate sobre la transparencia de los gastos oficiales y la justificación de la cantidad de funcionarios que participan en misiones internacionales financiadas con recursos públicos.
La divulgación del presupuesto total, la identificación de los gastos correspondientes a cada integrante y la explicación de las funciones que cumplirán durante la visita permitirían establecer el alcance económico de la misión y evaluar la necesidad de la composición de la delegación.
Paraguay deberá exponer ante el organismo internacional las acciones desarrolladas para garantizar los derechos de las mujeres, en momentos en que los casos de violencia extrema continúan poniendo a prueba la eficacia de las políticas estatales y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de su protección.
