Una de las defensas planteó un recurso contra la convocatoria a la audiencia. La diligencia debía llevarse a cabo ante la Juez de Garantías Cynthia Lovera, quien debe resolver si el caso va o no a juicio oral y público. Ahora la magistrada estudia la reposición planteada.

En la causa, la Fiscalía acusa un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 867.087.725, cuyo origen proviene de las «estructuras contractuales ilícitas» diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes de la empresa.

La Fiscal Alba Delvalle presentó acusación por un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 867.087.725 a raíz de estructuras contractuales ilícitas, según el escrito presentado, con el fin de la obtención de beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes de la Firma Mocipar.

Según la hipótesis del Ministerio Público el grupo Mocipar era organizado por los directivos Dany Durand y Fernando Román Fernández, como “las cabezas” e involucraron como miembros a sus familiares con roles estructurados, con el fin de obtener “beneficios patrimoniales de manera indebida”. El perjuicio a las víctimas asciende a un total de Gs. 867.087.725.